No al IVA en el Turno de Oficio

Desde tiempo inmemorial, la defensa de los que menos tienen es parte inherente al ejercicio de la Abogacía. Este compromiso social se evidencia hoy día muy especialmente en la garantía del derecho universal a la Justicia, porque las desigualdades socioeconómicas no pueden traducirse en un desigual acceso a los tribunales. La Asistencia Jurídica Gratuita fue ideada por los primeros Colegios de Abogados y ejercida durante siglos sin contraprestación alguna, como compromiso con la sociedad. Hoy  todos reconocemos el valor de la responsabilidad social corporativa, pero los Colegios de Abogados llevan siglos siendo socialmente responsables como corporaciones de derecho público, y han logrado desarrollar una de las políticas públicas más eficientes y de mayor calidad de la administración a un coste simbólico para el erario público.

Miles de profesionales, organizados y formados a través de los Colegios ejercen la Abogacía en el Turno de Oficio haciendo realidad así el derecho de todo ciudadano a la tutela judicial efectiva. Un derecho esencial e imprescindible para la paz social por el que los abogados perciben una cantidad exigua, no un salario.

Así lo entienden también los grupos parlamentarios socialista, de Ciudadanos, de Podemos y de Esquerra Republicana de Catalunya que, tras las reuniones que hemos mantenido con ellos, han presentado Proposiciones No de Ley en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno no aplique el IVA al Turno de Oficio.

La Justicia Gratuita no es una prestación de mercado. Su valor, que no es añadido, sino inherente, es que no hace distinciones entre quienes tienen recursos económicos suficientes y quienes carecen de ellos. Su valor es materializar el derecho de toda persona a reclamar sus derechos ante la Justicia: el derecho a tener derechos y disfrutar de ellos.

No podría concebirse nuestro sistema de garantías si quienes más padecen las desigualdades socioeconómicas quedaran excluidos de la Justicia. Por eso la Justicia Gratuita debe seguir considerándose una prestación social y, por su naturaleza pública y obligatoria, no debe estar sujeta a IVA, porque de imponerse acabaría con ella al tratarla como una prestación de mercado.

La Abogacía así va a defenderlo, porque defender a los que menos tienen está en nuestra esencia y en nuestra propia historia.