Poner fin al eco del dolor

Todavía no se ha agotado el eco de las muestras solidarias por la muerte de la última mujer asesinada por su pareja cuando se produce el siguiente estallido de dolor. Y de nuevo las preguntas sin respuestas aparentes: ¿qué estamos haciendo mal para que todo el compromiso político y social no consiga detener la sangría de mujeres? ¿Por qué esta sociedad, imperfecta, como todas, es incapaz de atajar un fenómeno que nadie comparte y contra el que se están poniendo tantos recursos?

Y habría que empezar por aclarar que la verdadera batalla contra la muerte de mujeres a manos de sus parejas prácticamente acaba de comenzar. Si ponemos en perspectiva histórica el recorrido de los derechos de la mujer debemos tener muy en cuenta que el reflejo de la igualdad de derechos no se materializa hasta la Constitución de 1978. Nuestra Carta Magna deja atrás siglos de subordinación al hombre y, como muestra anecdótica de la pugna para evitar ser relegadas a un segundo plano, un brevísimo periodo en el ejercicio del voto (1932-1936).

La Ley Integral contra la Violencia de Género no ve la luz hasta los últimos días de 2004. Apenas hemos rebasado tres lustros de su entrada en vigor. Y su breve recorrido nos ofrece una visión clara de cuáles son sus principales lagunas. Las hay en diferentes aspectos, pero desde la Abogacía no podemos obviar que una de las claves que venimos apuntando como determinantes en la eficiencia de la ley es que la asistencia letrada comience incluso antes de presentar la denuncia en una comisaría de Policía. El asesoramiento y apoyo de una abogada o abogado desde el mismo momento de iniciar el proceso legal contra el agresor es uno de los aspectos que aún no han sido resueltos y que en el Consejo tenemos la certeza de que contribuirá de forma importante a limitar los desenlaces que entre todos tratamos de evitar.

Pero con ser importante este último aspecto que incumbe de forma directa a los 21.100 abogadas y abogados que forman parte del Turno de Oficio específico de la violencia de género, soy plenamente consciente de que cualquier progreso dependerá de seguir haciendo de la aplicación de esta ley una actuación verdaderamente integral. Las víctimas de la violencia de género necesitan ayuda legal, por supuesto, pero también ayuda social, psicológica y de orientación laboral. Y todo ello desde el tratamiento individualizado, siempre complejo cuando se abordan 75.000 designaciones anuales derivadas de otras tantas denuncias solo por lo que se refiere al turno de oficio. El número de denuncias es muy superior, pues en 2018 los juzgados recibieron más de  166.000.

Las víctimas requieren todo eso y una cosa más, quizá la más importante, que no es otra más que un cambio en la mirada con que les observamos el resto de la sociedad. Sin nuestra complicidad, nuestro apoyo inquebrantable y nuestra decidida reacción en la denuncia de comportamientos intolerables contra las mujeres nunca lograremos el reto de consolidar el principal pilar de la igualdad: que ninguna mujer sufra violencia por el hecho de serlo.