Sentencia del TSJA sobre Justicia Gratuita: un triunfo para los ciudadanos y para la Abogacía

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que da la razón a la Abogacía institucional y, en concreto, al Colegio de Abogados de Málaga en su conflicto con la Agencia Andaluza de Defensa de la Competencia sobre la organización de la asistencia jurídica gratuita, es un triunfo para los ciudadanos, para los abogados y para todos los Colegios de Abogados.

Lo que el TSJA ratifica es que el servicio de Justicia Gratuita – que prestan casi 43.000 abogados en toda España, 24 horas al día y 365 días al año (366 éste, que es bisiesto)- no puede considerarse propiamente una actividad empresarial, sino un servicio público de carácter social, lo que descarta por su propia naturaleza que esta función social se refiera a un mercado abierto y sujeto a la libre competencia.

Lo que el TSJA ratifica es que este servicio exige cercanía, inmediatez y urgencia en la actividad de los 43.000 abogados del Turno de Oficio que atienden a detenidos, víctimas de violencia de género, extranjeros sin recursos, menores… y que eso exige una respuesta inmediata que está bien resuelta por los Colegios de Abogados.

Que las especiales circunstancias de interés general que concurren, y que ahora respalda la Justicia, justifican que este servicio tan fundamental para los ciudadanos se preste de forma territorializada con los requisitos de tener despacho abierto y residencia en el partido judicial donde el abogado de oficio vaya a ejercer esta función social.

Por todo ello, el tribunal andaluz respalda tanto la labor cercana de los letrados del Turno de Oficio como la no menos inmediata, directa y eficiente de la Abogacía institucional en todo el país, que tiene como objetivo velar por los derechos de todos los ciudadanos con independencia de sus recursos económicos. Es muy importante destacar que la asistencia jurídica gratuita constituye un servicio de naturaleza pública, prestado y organizado por los Colegios de Abogados, por delegación legal.

La sentencia contiene pronunciamientos de sumo interés como la afirmación de que la función atribuida por ley a los Colegios de Abogados para regular el servicio de Justicia Gratuita está sujeta al derecho administrativo, reconociendo que las corporaciones profesionales ejercen competencias delegadas por el Estado. Pero la decisión judicial también respalda las limitaciones territoriales impuestas por el Colegio de Abogados en la organización del Turno de Oficio, pues son restricciones a la competencia amparadas en una razón imperiosa de interés general como es la afectación a derechos fundamentales de los ciudadanos que acuden al servicio de asistencia jurídica gratuita.

Quiero destacar la conexión directa que realiza el TSJ de Andalucía entre la organización territorial del Turno de Oficio y la asistencia letrada al detenido que reconoce el artículo 17 de la Constitución y su calificación como medida “indispensable y proporcionada”. El tribunal es rotundo cuando afirma que la exigencia de que los abogados estén domiciliados en la provincia y tengan despacho profesional en la demarcación judicial favorece la efectividad de los derechos de los justiciables privados de libertad y una eficaz coordinación con el servicio de guardia judicial. Estos aspectos prioritarios no deben quedar sometidos a las prosaicas exigencias del mercado, con las que no guardan –en absoluto- término de comparación.

Creo que esta sentencia cierra una polémica estéril. La Abogacía se ha mostrado siempre abierta al diálogo para mejorar la prestación de un servicio que funciona con eficiencia y que apenas provoca quejas entre los usuarios. Pero romper la organización del servicio, que respeta escrupulosamente la ley, no sólo no está justificado sino que hubiera provocado una merma en su calidad … para los usuarios. Lo que la Abogacía defiende a capa y espada es el mejor trato posible para quienes, en uso de sus derechos y en situaciones de máxima necesidad, precisan una defensa y un consejo jurídico cercano, inmediato y de calidad.

Mi felicitación expresa al Colegio de Abogados de Málaga, a la Abogacía institucional y a los Servicios Jurídicos del Consejo General de la Abogacía Española por haber defendido los intereses de los justiciables y haber conseguido que se reconozcan la legitimidad y la razón. No es un triunfo de los abogados ni de los Colegios, que también; es un triunfo de los ciudadanos. Nuestra disposición, siempre, a continuar trabajando para conseguir un sistema mejor de asistencia jurídica gratuita en beneficio de los ciudadanos sin recursos. Y mi reconocimiento a los casi 43.000 abogados de oficio que, en su inmensa mayoría, tienen siempre un comportamiento ejemplar, a pesar de que no siempre reciben el trato que su esfuerzo y profesionalidad merecen.