SOAJP, en defensa de los derechos de las personas privadas de libertad

La privación de libertad es sin duda el mayor castigo que se puede infligir a un ser humano. Pero el castigo, por muy duro que sea, no acaba, por sí solo, con el delito, ni la cárcel, por sí misma, resuelve los problemas sociales que están en el origen de gran número de infracciones penales.

La consecución del fin resocializador de la pena nos concierne a todos y todas. Nuestro compromiso como abogados, es decir, como ejercientes de una profesión fundamental para sostener y fortalecer el Estado de Derecho, es precisamente contribuir a que se respeten los derechos de las personas a las que temporalmente se les ha privado de libertad, pero de nada más.

Siguen teniendo derecho a educación, a sanidad, a que se respete su integridad física y moral, a que se respete su libertad religiosa…

Los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria nacieron para que el respeto a los derechos de las personas presas no se quedara en las puertas de la cárcel. Estos días se han celebrado en Las Palmas los XVIII Encuentros de los SOAJPs de los Colegios de Abogados y en la inauguración recordé que la oposición de la Abogacía a la pena de prisión permanente revisable y también muchos de los complejos problemas que se encierran tras los muros.

Entre otros, la situación de las personas con enfermedad mental, a las que sigue sin aplicárseles un estatuto jurídico especial, tal como ya pidió la Abogacía en 2012, para garantizar la efectiva protección de sus derechos y facilitar su completa y rápida integración en la sociedad. Pero sobre todo para evitar gran parte de los encarcelamientos potenciando las medidas alternativas y los tratamientos adecuados.

Precisamente una parte de estos Encuentros se ha dedicado a las penas y medidas alternativas y al régimen abierto. Es obligación de los abogados y abogadas solicitar a los jueces en mayor proporción que apliquen penas y medidas alternativas a la prisión a personas que no suponen un riesgo para la sociedad, porque con demasiada frecuencia,  nuestra sociedad entiende que la única sanción posible a los ilícitos penales es la privación de libertad.

Los letrados y letradas debemos contribuir  a desterrar este afán vengativo que a veces se asocia a la pena de prisión y afianzar, por el contrario, la idea de justicia reparadora o retributiva que las medidas alternativas conllevan.

La situación de los menores, los extranjeros, las personas que deben afrontar largas condenas son temas que nos preocupan. Las cárceles están llenas de personas extremadamente vulnerables a las que el sistema ha marginado, y esa marginación es la que en muchos casos les ha llevado al delito. Nosotros vamos a seguir mirándolos de frente y defendiendo sus derechos.

Como presidenta del Consejo General de la Abogacía me siento orgullosa de los abogados y abogadas que forman parte de los SOAJPs.

Pero aún hay muchos Colegios de Abogados que no cuentan con estos Servicios y desde el Consejo General de la Abogacía vamos a impulsar su constitución y para lograrlo, no vamos a dejar de reivindicar que se incluyan en la ley de Justicia Gratuita.