Tasas inconstitucionales: un triunfo del Estado de Derecho

El Tribunal Constitucional ha anulado las tasas judiciales para las personas jurídicas porque su desproporción vulnera el derecho a una tutela judicial efectiva.

Aunque esto es algo que todos los operadores jurídicos, y especialmente la Abogacía, sabíamos, es una noticia que nos satisface porque se repara la injusticia que supuso su mantenimiento para las pequeñas y medianas empresas, después de que el Gobierno las derogara para las personas físicas en febrero de 2015.

Nos satisface porque es una victoria de la Justicia, del Estado de Derecho y de todos los ciudadanos, en este caso, de cientos de miles de pequeños y medianos empresarios.

Nos satisface porque es la demostración de que, cuando todos trabajamos unidos frente a la injusticia, se revocan decisiones adoptadas desde el poder mal entendido y la sinrazón.

En la lucha contra las tasas, somos muchos los que hemos ido de la mano, desde la Plataforma Justicia para Todos- formada por asociaciones de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, organizaciones sindicales, organizaciones de consumidores y la Abogacía institucional- hasta la Confederación Española de Abogados Jóvenes; abogados y abogadas que forman parte de la Brigada Tuitera, tan activa en redes sociales, o, por supuesto, los partidos políticos, que han presentado iniciativas parlamentarias para acabar con las tasas. En este sentido, quiero agradecer al PSOE la presentación del recurso de inconstitucionalidad que ha dado pie a la sentencia difundida hoy, y a los gobiernos de Andalucía, Cataluña, Aragón y Canarias que también recurrieron la ley de tasas ante el TC.

Pero ante todo, debemos agradecer la determinación, el coraje y el liderazgo de Carlos Carnicer, mi antecesor en la presidencia del Consejo General de la Abogacía, contra una ley que nunca debió aprobarse. Su actividad en este sentido fue imparable, tanto en los despachos como en la calle y justo es mostrarle público reconocimiento.

Nuestra satisfacción, sin embargo, no es ni puede ser completa porque durante cuatro años, la tutela judicial efectiva de muchos miles de ciudadanos ha sufrido un daño irreparable. Y también porque el dinero recaudado con las tasas, a costa de vulnerar los derechos de los ciudadanos, ni se va a devolver, ni se ha destinado a mejorar la Justicia Gratuita, argumento este que se utilizó para justificar su nefasta imposición.

Aunque la sentencia del TC no obliga a su devolución, el Gobierno debería invertir lo recaudado en mejorar de verdad la justicia, aunque solo sea por imperativo moral.