Una oportunidad que no podemos desaprovechar

En no pocas ocasiones me juzgan por mis palabras como optimista sin remedio. Y no seré yo quien niegue que tengo la tendencia de mirar hacia el futuro como una realidad plagada de oportunidades. Claro que eso no significa en absoluto que no sea plenamente consciente de la compleja realidad en que vivimos y de las muchas dificultades que afronta la Justicia española.

El pasado 24 de noviembre tuve la oportunidad de dirigirme a los principales actores del mundo judicial en el transcurso de un encuentro organizado por el Forum Nueva Economía al que fui invitada como oradora. Allí expuse sin paños calientes que la Justicia vive uno de los momentos más complicados de cuantos se recuerdan: con un CGPJ que lleva cinco años sin renovar, unos juzgados colapsados tras la pandemia, herido por una oleada de huelgas que podrían no haber concluido y un sector de la abogacía gravemente dañado por las crisis económicas derivadas de todo lo expuesto.

Pero también dije que, sin embargo, la ciudadanía sigue creyendo en su Justicia. Los españoles acudieron a resolver sus problemas ante los juzgados y tribunales en cerca de siete millones de ocasiones durante 2022 y seguro que serán más en este año que está a punto de terminar.  Aunque son conscientes de que la calidad del servicio no es la que les gustaría y los tiempos en que se resuelven los asuntos no satisfacen a casi nadie, necesitan respuestas de lo que constituye uno de los pilares en cualquier estado democrático: la Justicia.

El inicio de una nueva legislatura que comienza con una carpeta llena de leyes que afectan de lleno al funcionamiento de los juzgados y tribunales y cuya aprobación se frustró con el anticipo electoral, así como la fuerte irrupción de un nuevo impulso tecnológico abren una nueva perspectiva que ofrece al futuro de nuestro sector una nueva oportunidad de avanzar. Si no se tuerce nada, ésta debería ser la etapa en que se introducirán los cambios procesales y organizativos que se han estado gestando en el último lustro. Y lo harán, además, en un momento de cambio sistémico de cómo se ejecutan los procesos burocráticos gracias a la robotización de algunos trámites administrativos y la explosión de la inteligencia artificial generativa aplicada a todos los campos profesionales.

Es imposible anticipar cómo de profundo será el impacto, pero indudablemente marcará un punto de inflexión en el funcionamiento de la Justicia que entre todos estamos construyendo desde que se aprobó nuestra Constitución en 1978. Esa nueva Justicia más eficaz y plenamente garantista con los derechos de la ciudadanía no llegará de la noche a la mañana de mano de la publicación de algunas leyes en el Boletín Oficial del Estado. La tendremos que hacer entre todos: gestores públicos, jueces, fiscales, procuradores, peritos, funcionarios y, sobre todo, profesionales de la abogacía.

Abogados y abogadas somos los más numerosos y pieza esencial del sistema. Porque somos quienes instamos los procedimientos, quienes evaluamos la conveniencia de ponerlos en marcha y quienes los orientamos en el proceloso laberinto judicial. Somos, en definitiva, un actor absolutamente esencial cuya participación marcará el devenir de los próximos años.

Por eso, en calidad de representante de la abogacía, reclamé en el encuentro público al que aludía -no para nosotros sino para la ciudadanía- una Justicia donde continúen avanzando los derechos de los españoles. Entre esas medidas aludí a todo lo relacionado con las condiciones en que se presta el servicio de Justicia Gratuita, tan alabado por quienes lo utilizan como maltratado en sus contraprestaciones por las administraciones públicas. Hablé a quienes toman las grandes decisiones en el ámbito de la Justicia de la urgencia de reorientar nuestro sistema. Les requerí, una vez más, a alcanzar un gran acuerdo de país para situar a la Justicia en el lugar en que todos nos merecemos. Y les ofrecí, como es lógico, nuestro absoluto compromiso de contribuir a conseguirlo.