El ministro está “satisfecho con la aplicación de la Ley de Tasas”

Más de 25.000 abogados, jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios de Justicia –todos los actores de la Justicia menos, en la mayor parte de las ciudades, los procuradores y graduados sociales-, representantes de los sindicatos y de las asociaciones de consumidores y usuarios y hasta los estudiantes de Derecho agrupados en CONEDE se concentraron ayer ante las sedes judiciales para reiterar, un año después de su entrada en vigor, que la Ley de Tasas está provocando la indefensión de miles de ciudadanos que han tenido que renunciar a uno de los derechos fundamentales, su derecho a la defensa, hurtado por la decisión de un ministro y de un Gobierno que ha metido en el congelador la calidad democrática del Estado de Derecho.

Desde A Coruña hasta Cádiz y desde Salamanca hasta Valencia, pasando por las islas Canarias y las Baleares, por Ceuta y Melilla, miles de ciudadanos poco dados habitualmente a la protesta callejera volvieron esta semana a concentrarse para reclamar justicia para los ciudadanos, no privilegios para abogados, jueces o fiscales.

La Justicia es hoy más cara que nunca para la gran clase media española, la gran desprotegida por la Ley de Tasas y, sin embargo, la que hace sostenible el Estado del Bienestar pagando sus impuestos.

La Justicia está hoy más lejos para miles de ciudadanos que no pueden acceder al beneficio de Justicia Gratuita ni forman parte del grupo de los más poderosos –los ricos, las grandes o medianas empresas, las Administraciones Públicas-, pero que, en la mayoría de los casos apenas superan sueldos de mil euros.

La Justicia es hoy casi inaccesible para los empleados públicos que tienen que renunciar a exigir sus derechos a una Administración que no paga tasas.

La Justicia no es equitativa hoy para todos los ciudadanos. Hay una Justicia para ricos y para pobres, y una injusticia para todos los demás que tienen que pagar un peaje injusto e inadmisible si quieren acceder a ella.

Las tasas son una penalización para los más vulnerables y restringen su acceso a la Justicia. Lo ha dicho la ministra de Justicia francesa al anunciar que, desde el 1 de enero de 2014, el Gobierno eliminará las modestas tasas judiciales de 35 euros, lejos de los miles de euros que puede llegar a tener que pagar un ciudadano en España por defender sus derechos.

El ministro Gallardón ha dicho que está “satisfecho” con la aplicación de la Ley de Tasas. El ministro sostiene que “las tasas no han disuadido a ningún ciudadano de la tutela judicial efectiva”.

Todos los que defendemos lo contrario estamos equivocados.

Todos los clientes que han ido a los despachos de los abogados y se han visto obligados a renunciar a defender sus derechos por culpa de unas tasas injustas y desorbitadas están equivocados.

Todos los jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios de Justicia que ven a diario lo contrario están equivocados.

El Consejo General del Poder Judicial que ha constatado datos reales sobre la disminución de la litigiosidad está equivocado.

Todos los Tribunales Superiores de Justicia que han constatado reducción de asuntos en los juzgados están equivocados.

Los Gobiernos autonómicos de distinto color político, los juzgados sociales y de primera instancia, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que han presentado recursos o cuestiones de inconstitucionalidad, están equivocados.

Sólo el ministro de Justicia tiene razón.

Ya saben ustedes lo de aquel conductor que circulaba en dirección  prohibida y constataba que todos los conductores, menos él, iban en la dirección equivocada.

El Pleno del Consejo General de la Abogacía reunido hoy con carácter extraordinario en Jerez ha reafirmado su compromiso de seguir esta batalla hasta que el Gobierno derogue la Ley o el Tribunal Constitucional la declare inconstitucional. Lo nuestro no es corporativismo ni solidaridad. Es Justicia y Derecho en defensa de los ciudadanos.