La Justicia aquí y ahora

(Reproduzco aquí parte del discurso que pronuncié el 29 de mayo en la entrega del Premio LA LEY a Alberto Vidal)

No descubro nada nuevo si digo que la Justicia es una pieza clave del Estado de Derecho y que si no hay Justicia no hay Estado de Derecho. Sin embargo, independientemente de quién ha ocupado el Gobierno, la Justicia ha estado permanentemente maltratada, seguramente porque no daba ni quitaba votos. Pero, sin duda, lo hará si los ciudadanos toman conciencia de que, además de la sanidad o la educación, la Justicia es un elemento vertebral de la democracia.

No tengo que contarles yo, lo han dicho los jueces, los fiscales y lo sufrimos también todos los días los abogados, que el déficit de medios personales y materiales y la pésima organización de la Administración de Justicia son la principal causa de su retraso pertinaz, de su mala imagen y de que los ciudadanos acaben pagando con sus derechos fundamentales la incompetencia de quienes, en lugar de solucionar los problemas, ponen barreras y trabas al derecho de defensa, al acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva.

Además de con los medios económicos suficientes, no tengo ninguna duda de que no se puede solucionar el problema de la Justicia si partimos de una escandalosa ausencia de datos o de datos erróneos y en absoluto fiables como sucede en la actualidad y como reconocen –sin que nadie pida disculpas ni rectifique- jueces, fiscales, políticos y expertos. Esos datos erróneos sirven, sin embargo, para avalar reformas, para transmitir a la sociedad que nuestros ciudadanos pleitean por todo, que son sospechosos de abusar de la Justicia e, incluso, que los abogados utilizan torticeramente los recursos… que no tenemos. No conocemos datos de confianza ni auditorías que midan la eficacia y la eficiencia de los sistemas. Tampoco se hacen seguimientos técnicos sobre la aplicación de las normas. Y no funcionan, apenas, las inspecciones. No podemos explicar a nuestros clientes por qué dos órganos jurisdiccionales que tienen igual o similar carga de trabajo, uno va al día y el otro acumula un retraso desesperante. Y eso sin entrar a valorar por qué dos órganos jurisdiccionales ante casos muy similares, aplicando la misma ley, producen sentencias contradictorias y dejan a los abogados y a sus clientes a la intemperie.

¿Cómo va a funcionar la Justicia de un país si se asienta sobre datos inseguros, si se toman medidas de enorme trascendencia sin el debate suficiente y sin consenso y si no hay ni presupuesto ni medios para abordar esas reformas? Y lo más grave es que la Justicia es en muchos casos, la última esperanza de los ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos.

No es noticia que la Justicia en España atraviesa un momento de preocupación porque se han levantado murallas para acceder a esta Ciudad de los Derechos, se han levantado también todas las calles y no sabemos cómo va acabar el proceso “urbanístico”. Y puedo asegurar que no existe financiación real y efectiva previsible en los próximos años –gobierne quien gobierne- para atender a los gastos e inversiones que precisan las desmedidas producciones legislativas que están en marcha. Ni el proyecto de Ley de Justicia Gratuita ni el de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, ni la Ley de Seguridad Ciudadana, ni la de Jurisdicción Voluntaria, ni la reforma del Código Penal ni la reforma procesal penal ni la Ley Reguladora del Estatuto de las Víctimas o la de la Ley de Enjuiciamiento Civil son financieramente posibles. Tampoco hay medios para que funcione la Nueva Oficina Judicial. Lo de nueva es un sarcasmo, porque fue creada en 2003 y once años después lleva camino de fenecer si no se toman medidas de corrección y se aportan los medios indispensables para que funcione.

Pero, siendo sustancial el dinero para producir leyes, incardinarlas eficientemente en el ordenamiento jurídico, dotar de medios a los profesionales de la Justicia y conseguir la eficiencia del sistema, existen otras muchas graves deficiencias que hay que solucionar y que no voy a explicitar porque necesitaría semanas. Las conocen tan bien como yo.

Todos estamos de acuerdo en el diagnóstico, pero también, todos, tal vez menos uno de los interlocutores -¿estaremos todos equivocados y sólo uno tendrá razón?- coincidimos en que la terapia no está siendo la adecuada y, lo que es peor, que el enfermo, puede acabar desahuciado si no hacemos algo más – en algunos casos, algo menos-, algo diferente y casi todo, consensuado. Hoy más que nunca es posible, necesario y urgente un Pacto por la Justicia en el que participemos todos los operadores jurídicos, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones de consumidores y usuarios.

Hay una práctica unanimidad –de jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, y demás operadores de la Justicia, funcionarios, sindicatos, usuarios, etc.- en pensar que no hemos tenido ni el proceso de diálogo imprescindible, ni el debate reposado y sereno que debe hacer posible ese acuerdo general que, de una vez por todas haga que la Justicia en España sea eficaz y eficiente, ágil y accesible para todos. Y, además, creo que eso es absolutamente posible. Si se ha conseguido que funcione perfectamente la Administración Tributaria y que Hacienda sepa qué y cómo movemos cada uno de nuestros ingresos o que la sanidad y otros servicios públicos se puedan prestar mediante cita previa, de forma organizada, ¿por qué la Justicia va a ser diferente? Es un problema de gestión adecuada, de informatización básica. No tenemos una Justicia digna de la sociedad española del siglo XXI. En muchos aspectos, no ha pasado todavía del siglo XIX.

Tenemos, como he dicho, muchos frentes abiertos y en algunos casos, como el de las tasas, el daño causado a miles y miles de ciudadanos que no han podido defender sus derechos ante la Justicia, es ya irreparable. Y, por añadidura, el dinero que se ha recaudado por este concepto no ha ido a la Justicia Gratuita como se comprometió. Tampoco ha ido a la Justicia. Ha dicho un magistrado, Rafael Villafáñez, que “es indudable que el acontecimiento jurídico que más ha afectado al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en los últimos tiempos ha sido la aprobación de la Ley de Tasas”. Lo suscribo plenamente y espero que el Tribunal Constitucional se pronuncie cuanto antes sobre todos los recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad que se han planteado y que, mientras tanto, los jueces ejerzan su función modulando la barrera para que se procure la plena efectividad de los derechos de los ciudadanos

Pero no quiero quedarme en la denuncia de lo negativo. Tengo que decir que la Abogacía ha recuperado las líneas de comunicación –que nosotros siempre habíamos mantenido abiertas- con el Ministerio de Justicia y que estamos hablando sobre la futura Ley de Justicia Gratuita, cuyo proyecto vivo con más sombras que luces, y esperamos no sólo lograr cambios positivos en la ley sino seguir hablando sobre el resto de leyes que afectan a la Justicia y a los ciudadanos.

Decía recientemente el ex ministro de Educación Angel Gabilondo que “el buen líder procura salud social”. Lamentablemente, tengo que decir que la situación política de nuestro país en estos momentos, no marcha en esa dirección y que, sin embargo, la salud social es más indispensable que nunca.  El Gobierno y los partidos se han puesto ya en “modo elecciones” y tememos que cambien el chip con el objetivo de trabajar, sobre todo, para obtener los votos que les permitan seguir en el poder o acceder a él.

Creo, modestamente, que, por el contrario, deberían abrir los ojos y apretar el “modo ciudadano”. Poner al ciudadano, de verdad, en el objetivo de sus mejoradas leyes y debatir, escuchar y hacer caso a lo que opinan los profesionales que saben, a los que están diariamente en contacto con los problemas reales, a los que pisan de verdad los juzgados y la calle. Ni los abogados ni ningún operador jurídico queremos que la Justicia funcione mal. En la Abogacía, menos, porque eso perjudica doblemente a nuestros clientes y a nosotros.

Creedme: soy un optimista recalcitrante y creo que si trabajamos juntos podemos arreglar la Justicia. Solo hace falta eso, trabajar juntos, sumar en lugar de restar, no ver enemigos donde puede haber, donde hay, colaboradores inteligentes. Sigo creyendo en que es más útil para la sociedad alguien que expone los problemas y aporta soluciones arriesgadas que aquél que calla ante los errores y los atropellos. Sigo creyendo, disculpen este optimismo posiblemente sin fundamento, que podemos alcanzar un Pacto por la Justicia. Porque un Pacto de este tipo es un pacto por los ciudadanos y por los derechos fundamentales. Es decir, por el Estado de Derecho y por la Democracia.