La violencia de género, cuestión de Estado

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día que, desgraciadamente, tenemos que seguir reivindicando año tras año. Sólo en nuestro país, 48 mujeres han sido asesinadas este año por sus parejas o exparejas, quienes también han matado a 3 menores y han dejado huérfanos a otros 44.

Desde 2003, más de 800 mujeres han sido asesinadas. Una cifra inadmisible para cualquier sociedad. Hoy, en la práctica totalidad de los Colegios de Abogados de España hay concentraciones, jornadas de puertas abiertas o actos reivindicativos y de denuncia de esta situación. No podemos callar ni permanecer pasivos ante este problema. Ni los abogados ni los políticos ni ninguno de los ciudadanos.

El porcentaje de mujeres que sufren algún tipo de violencia es muy elevado. A nivel mundial, y según datos de la ONU, el 35% de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. Una cifra que en algunos países asciende al 70%. Sus consecuencias perduran durante generaciones. En España, según el avance de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015 elaborada por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el 12,5% de las mujeres han sufrido violencia física y o violencia sexual de sus parejas o exparejas en algún momento de su vida. Datos que, sin duda, nos llevan a rebelarnos.

El año pasado escribí, en esta misma fecha, un artículo subrayando la importancia de que las víctimas contaran con un abogado antes de interponer la denuncia. Sigue estando vigente. Pero, además, me gustaría incidir en la vital importancia de que las víctimas presenten denuncia. Entre las asesinadas este año, sólo un 20% había denunciado.

Es cierto, como muestran los datos, que la sola presentación de la denuncia no es suficiente, pero es un primer paso imprescindible para proteger a las mujeres y a sus hijos. Si no conocemos los casos, si no sabemos lo que ocurre dentro de los domicilios de las víctimas, no podemos intervenir. Este llamamiento es extensible a los familiares y allegados. En los casos en los que las víctimas no pueden dar el paso de denunciar, deben hacerlo quienes están más cerca de ellas.

Además de contar con asesoramiento letrado antes de presentar la denuncia, la justicia debe garantizar protección real a las víctimas. Una mujer que da el paso de denunciar, que está decidida a acabar con el infierno que sufre y cambiar su vida por completo, debe tener confianza en la justicia. O, dicho de otro modo, la justicia no puede fallarle, debe garantizarle protección y seguridad.

Por eso, como miles de personas pidieron en la marcha del 7N, el fin de la violencia contra las mujeres debe ser un asunto de Estado. Todos debemos implicarnos en esta lucha. No podemos dejar solas a las víctimas.

Desde la Abogacía Española trabajamos contra la violencia de género desde varios frentes: por un lado, con la labor constante y ejemplar de la Subcomisión de Violencia de Género; por otro, a través de los Servicios de Orientación Jurídica para mujeres maltratadas que hay en la mayor parte de los Colegios, así como desde el Turno de Oficio especial de Violencia de Género del que forman parte 18.713 abogados y abogadas que ofrecen una primera atención a las víctimas, asesorándolas, informándolas y acompañándolas en todo el proceso judicial.

Quiero subrayar por último que la violencia de género se manifiesta de muchas formas y debemos estar atentos para detectarlas. Una de ellas es la trata de mujeres con fines de explotación sexual, en cuya erradicación los abogados y abogadas tenemos también un importante papel. Precisamente la Fundación Abogacía Española dedica su II Congreso de Derechos Humanos a la detección y defensa de las víctimas de trata. Os invito a participar en esta iniciativa asistiendo al Congreso y a seguir luchando todos juntos contra la violencia machista hasta conseguir que el 25 de noviembre sea un día más en el calendario.