Sobre la situación actual de la abogacía española

• El Barómetro interno de la Abogacía es una iniciativa del Consejo General de la Abogacía que viene repitiéndose en los últimos diez años. La Abogacía institucional pretende con ello conocer la verdad de la situación, el estado de ánimo y la opinión de los profesionales a los que representa. No hay en ningún país un estudio comparable a éste, existiendo sin embargo instituciones comparables. Su valor es el de un diagnóstico interno: cómo se ven los abogados y como ven sus instituciones, desde el punto de vista externo: cómo ven a la Administración de Justicia. El próximo número de Diario LA LEY Legal Management recogerá la segunda parte del Barómetro dedicado a la corrupción política y el funcionamiento de la Administración de Justicia.

¿Qué finalidad tiene el Barómetro interno del CGAE?

El Consejo General de la Abogacía Española, que tiene entre sus funciones principales velar por el prestigio de la profesión de abogado y defender los derechos de los Colegios de Abogados y de sus colegiados, así como la defensa del Estado de derecho y de los derechos humanos, realiza cada dos o tres años un Barómetro Interno, una encuesta a más de 2.000 letrados para pulsar su opinión sobre el estado de la profesión, sobre el papel de los Colegios de Abogados —y del Consejo, por supuesto— y sobre el estado de la Justicia. Nadie conoce mejor que los abogados cómo es el ejercicio de su actividad profesional, las dificultades que se encuentran y sus sensaciones sobre la realidad de la Justicia. La actual es la sexta edición ya y suscribo totalmente las declaraciones de José Juan Toharia, presidente de Metroscopia y responsable de los Barómetros, cuando asegura que es una «rareza que una institución pública quiera saber realmente la realidad» del colectivo al que representa. Será una rareza, pero a nosotros no nos gusta hablar «de oído». Queremos saber.

¿Qué evolución de la profesión se evidencia en los años que se lleva haciendo el Barómetro?

Frente a situaciones anteriores, la principal conclusión de esta última edición es que muchos compañeros están pasando serias dificultades económicas provocadas por la crisis. En concreto, un 85% de los abogados aseguran que están sufriendo los efectos de la crisis. Este dato supone un incremento de 21 puntos con respecto a 2008. Desde el primer Barómetro de 2003, tenemos la constancia de que la opinión de los abogados dista mucho de considerar que su actividad profesional resulte generalizadamente lucrativa. Sin embargo, nunca antes estuvo tan extendida como ahora la sensación de precariedad económica. Es cierto, no obstante, que nuestra profesión nota más tarde el comienzo de una crisis económica, pero tarda más en salir de ella. Y creo, además, que no es tanto una falta de trabajo —que lo hay— como las dificultades para cobrarlo. Sucede lamentablemente en el Turno de Oficio, pero también en la actividad privada.

Por otra parte, en conjunto, la abogacía sigue siendo una profesión con un notable grado de juventud y con un importante y creciente incremento de mujeres. El 75% de los abogados ejercientes entrevistados tiene menos de 45 años, y el 25% menos de 35.

También hay que destacar que en todos los estudios sociológicos los abogados se mantienen entre los primeros puestos de valoración ciudadana, justo por debajo del Rey y por encima de los demás colectivos jurídicos (notarios, jueces, fiscales…) e incluso de instituciones como el Defensor del Pueblo. Creo que la defensa de los derechos de los ciudadanos, nuestra presencia social y nuestra cercanía a los problemas reales son valorados por los ciudadanos.

Los grandes despachos dicen que ya se está superando la crisis, que está dando «los últimos coletazos». ¿Es esa la percepción de la mayoría de los abogados?

Uno de los datos más relevantes de los estudios que realizamos en la Abogacía destaca que los llamados «grandes despachos» emplean a unos 7.000 abogados y sólo una decena supera los 250 letrados en plantilla. En España hay actualmente casi 150.000 abogados y, además, otros 100.000 colegiados no ejercientes. Esta es una profesión muy plural, pero en la mayoría de los casos, el 71 por ciento, estamos hablando de despachos unipersonales o, como mucho, compartidos con otros compañeros. La percepción de una mejora económica no es igual para unos que para otros. Además, en muchos casos, la mejora ha venido más de la reducción de costes o de personal y de la rebaja de las minutas —y eso tanto en los grandes como en los medianos o pequeños despachos— que del aumento de los ingresos.

¿Cuántos abogados hay en el Turno de Oficio?

En la actualidad hay 42.700 compañeros que prestan, a través de los 83 Colegios de Abogados y con total satisfacción, el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y el Turno de Oficio 24 horas al día, 365 días al año en cualquier lugar de España. Una función social que está evaluada por los ciudadanos de forma claramente positiva, con una calificación de 6.9 sobre 10. De hecho, el servicio de Justicia Gratuita que prestan los abogados del Turno de Oficio está valorado como uno de los mejores del mundo y es modelo a seguir por numerosos países, que han contactado con la Abogacía Española para conocer el funcionamiento de este servicio, imprescindible para garantizar el derecho de defensa de los más desfavorecidos.

¿Cuánto cobra un abogado de oficio?

La retribución media de los abogados que prestan el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita ronda los 125 euros por cada expediente defendido ante los tribunales, cantidad que en los últimos años ha descendido o se mantiene congelada, en algunos casos, desde 2003. Calculando el tiempo dedicado por cada abogado a cada expediente, las cuentas son claras: los compañeros del Turno de Oficio cobran una media de 2 euros o 2,5 por hora trabajada.

Tengo que destacar que ni los pertinaces retrasos en el pago a los abogados del Turno de Oficio por parte de algunas comunidades autónomas ni el mantenimiento de baremos que llevan más de 12 años sin actualizarse, o que incluso se han reducido, han provocado un descenso en la calidad del servicio. Eso debería ser reconocido y valorado por las Administraciones Públicas para alcanzar el compromiso de un pago digno y sin retrasos.

¿Hay demasiados abogados en España? ¿Está masificada la profesión?

Estamos ante un sector muy atomizado, con un número excesivo de abogados. La idea de que hay demasiados abogados es expresada por el 81% de todos los encuestados, si bien sólo una fracción reducida de los mismos considera que la masificación de la profesión esté causando una merma en su calidad. Pero, al mismo tiempo, es el mercado, la libre, y yo diría acérrima competencia, seguramente como en pocos sectores profesionales, la que hace que unos tengan más trabajo, que otros pasen dificultades y que algunos abandonen el ejercicio profesional. En esta profesión la única barrera es la calidad del servicio.

El ejercicio de la abogacía ha cambiado mucho en los últimos años y en el futuro va a cambiar mucho más. Factores como la Ley de Acceso a la Abogacía, la globalización del sector legal, la necesaria especialización y el fomento de equipos multidisciplinares, así como las adaptaciones a nuevos modelos de negocio van a impulsar aún más todos estos cambios.

Para adaptarse a los nuevos tiempos, desde la Abogacía trabajamos por promover tanto la mejora en la formación inicial como en apostar por la formación continuada. Mi lema es «formación, formación y formación». Tenemos que ser capaces de caminar globalmente hacia la excelencia para asegurar a todos los ciudadanos que el abogado que les defiende lo hace con todas las garantías.

Hay opiniones que afirman que el examen de acceso es muy difícil ¿Qué opina?

La definición de la dificultad de un examen es una cuestión muy subjetiva, que depende de los conocimientos de cada uno de los 1.474 aspirantes a abogados que se presentaron al examen de acceso el pasado 30 de mayo. No hay datos oficiales sobre el número de aprobados, pero previsiblemente esté en torno al 90 por ciento. Algún centro ha hecho público que todos los alumnos que ha presentado al examen lo han aprobado.

Lo importante es que el Máster de acceso sea eminentemente práctico, que lo impartan profesionales con experiencia, que el examen responda a esos mismos criterios, que los alumnos conozcan en tiempo y forma cómo y cuándo va a ser ese examen y que no tengan que esperar demasiado tiempo desde que terminan el máster hasta que se examinan. Creo que en estos aspectos hay que mejorar mucho el sistema, ser muy rigurosos en la exigencia de calidad y velar porque se cumpla el objetivo de tener los mejores abogados desde el inicio. Eso beneficia a todos: ciudadanos y abogados.

¿Están suficientemente formados los abogados en España? ¿Mantienen sus conocimientos actualizados?

Si corregimos estos detalles, el sistema de acceso a la profesión de abogado sin duda hará que los ciudadanos cuenten con los mejores letrados, equiparados además a sus homólogos europeos. A partir de ahí, la excelencia que buscamos para la abogacía española nos exige seguir trabajando para que la formación de los abogados no se interrumpa nunca —un abogado no puede sobrevivir hoy si no se actualiza permanentemente— y para atender campos nuevos como la internacionalización, la especialización o la atención a nuevas realidades —por ejemplo en el terreno de las nuevas tecnologías, de la medicina, de biogenética— que demandan nuevos conocimientos. Y, además, los abogados deben tener una formación, por lo menos al nivel de la de los jueces o fiscales. Solo así se podrá garantizar el principio de contradicción y el de igualdad de las partes en el proceso.

¿Qué utilidad encuentran los abogados a sus Colegios profesionales?

Hay dos datos que merecen ser destacados: el grado de satisfacción global con el funcionamiento de las organizaciones colegiales crece. Los muchos servicios prestados por los Colegios son evaluados por los abogados de forma muy positiva, fluctuando entre una puntuación mínima de 6 y una máxima de 7 puntos. Y, en segundo lugar, son los abogados más jóvenes los que mejor valoran estos servicios que proporcionan los Colegios, especialmente los de formación, difusión de informaciones de interés, modernización, defensa de la profesión, control deontológico… Los Colegios son instituciones vivas que prestan un servicio insustituible y los colegiados lo valoran así.

Por otra parte, desde la Abogacía siempre hemos mantenido una apuesta decidida por las nuevas tecnologías, ahora redoblada con el compromiso del ministro de Justicia, Rafael Catalá, plasmado en una disposición legal, de que el 1 de enero de 2016 todas las comunicaciones entre los profesionales jurídicos y los tribunales se realicen de forma telemática. El esfuerzo que el Consejo General de la Abogacía y toda la Abogacía institucional están realizando para poner a disposición de los abogados el conocimiento y los medios necesarios para cumplir esa previsión está siendo extraordinario. Tal vez por eso, los abogados reconocen en el barómetro la importancia de las nuevas tecnologías para su profesión y, de forma mayoritaria, consideran que los Colegios están dedicando los recursos suficientes para que los colegiados se modernicen. Desde hace algún tiempo y hasta final de año, estamos haciendo una potente campaña, con jornadas en todos los Colegios, para que todos los abogados dispongan de su carné con la firma electrónica activada y conozcan cómo tendrán que trabajar el día en que esa presentación telemática de todos los documentos sea una realidad.

Los abogados opinan que la Administración de Justicia funciona mal o muy mal y que además ha empeorado en los últimos años ¿Cuál es la causa del empeoramiento?

El diagnóstico es unánime. El 86% de los abogados considera que la Justicia está en una situación de crisis muy grave y profunda, pero todos los profesionales de la Justicia (también jueces, fiscales, secretarios judiciales y procuradores) coincidimos en que es necesaria una auténtica refundación para adecuar la Administración de Justicia a las nuevas realidades sociales. La inmensa mayoría de los compañeros —un 92%— comparten nuestra permanente y reiterada reclamación de que entre todos impulsemos un nuevo Pacto de Estado que ponga remedio a la actual situación de los tribunales.

Tengo que destacar que a pesar de los defectos e imperfecciones de la Justicia española, los abogados consideramos que los jueces y tribunales son la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades de los ciudadanos. Por eso comparto la opinión mayoritaria entre los abogados de que padecemos una mala Justicia, pero que contamos con buenos jueces.

El buen funcionamiento de la Administración de Justicia no es sólo un problema de medios, aunque sin duda éste existe. Hay que abordar la formación, la organización o los sistemas de gestión, pero sobre todo, lo que es imprescindible es la voluntad política para cambiar una situación que provoca inseguridad jurídica y una profunda decepción en los ciudadanos.

Desde la atalaya profesional que supone el ejercicio de la abogacía, ¿qué opinan los profesionales de la corrupción en nuestro país?

La opinión de los compañeros coincide con la sensación general que tienen los ciudadanos sobre la corrupción: el 95% de los abogados considera que en España existe mucha corrupción, pero que se concentra casi exclusivamente en la vida pública.

Sin embargo, el estudio elaborado por Metroscopia concluye que, al igual que en la sociedad, es más intensa la sensación de que existe una corrupción extendida que la experiencia real de los abogados de haberla padecido. Produce desasosiego que abogados y ciudadanos coincidan en que la causa de que la corrupción haya tenido un impacto tan intenso y sostenido se deba, sobre todo, a que no se la combate ni con la prontitud ni con la determinación debida. O que esté extendida la idea de que los partidos políticos tiendan a proteger a los implicados en casos de corrupción en lugar de denunciarlos y expulsarlos.

Como presidente de la Abogacía institucional, ¿qué espera de la nueva etapa política que se abrirá con las elecciones generales?

Ante el futuro tras las próximas elecciones generales, tengo que destacar que la Abogacía siempre se ha reafirmado en su compromiso con nuestro sistema de Administración de Justicia, independientemente del color del Gobierno y de la composición política de las Cortes Generales.

Un sistema de Justicia, que es la base de la convivencia y la paz social, no puede estar al albur del juego de mayorías, que es siempre contingente. Por eso es necesario separar temporalmente a la Justicia del debate político partidista y dar la palabra a los profesionales para alcanzar, como pide la inmensa mayoría de los abogados, un gran Pacto de Estado por la Justicia.

Cuando en octubre presentemos el Barómetro Externo de la Abogacía, que también realiza periódicamente el Consejo General para conocer la opinión de la sociedad sobre nuestra profesión y sobre la Justicia, estoy seguro de que la inmensa mayoría de los ciudadanos se pronunciará en la misma dirección. Haremos llegar a los partidos tanto este Barómetro Interno como el externo, y le pediremos que incluyan en sus programas una propuesta de reforma de la Justicia. Y yo confío en que los políticos que salgan elegidos quieran cambiar una mala Justicia, como, la que padecemos, por una Justicia que busque la excelencia y esté al servicio de los ciudadanos y no de intereses partidistas.