XXV Jornadas de Extranjería en Málaga: el compromiso de los abogados de Extranjería por los derechos humanos

La Abogacía es hoy una profesión masificada en un entorno complejo, globalizado y altamente competitivo. Sólo los abogados mejor formados, en el inicio y de forma continuada, podrán sobrevivir. Siempre recuerdo que necesitamos los mejores abogados para dar la mejor respuesta a los problemas, los derechos y los legítimos intereses de los ciudadanos que acuden a nosotros pidiendo consejo, asesoramiento o defensa legal. Pero cuando se habla de defender a los más desfavorecidos, a los que no tienen medios, a los que se encuentran en riesgo de exclusión social, en una situación de conflicto o de desamparo, cuando estamos hablando de violación de derechos fundamentales, de derechos humanos, la exigencia de ser los mejores, los más diligentes, los más rigurosos y los más generosos es irrenunciable.

Me siento especialmente orgulloso de los abogados que prestan el servicio en la Asistencia al Detenido, en el Turno de Oficio o en la Justicia Gratuita y, particularmente, de los abogados de Extranjería. Os ocupáis, vocacionalmente, de personas que se encuentran en situación límite, con dificultades, a veces insuperables, que nunca podrían superar solos. Que les reconozcan la posibilidad de permanecer en un país como el nuestro o les devuelvan, sin respeto a la legalidad, a sus países de origen, puede significar un gran riesgo para su propia vida. Vuestro trabajo, vuestra implicación, muchas veces no sólo profesional sino personal, ha salvado muchas vidas y ha devuelto la esperanza a quienes la habían perdido.

En los últimos tiempos nos estamos enfrentando a problemas realmente graves y la Abogacía está siendo una de las escasas voces que se levantan en defensa de derechos básicos de estas personas. Hablo de expulsiones de ciudadanos sin orientación jurídica o asistencia letrada en buena parte del territorio español. Hablo de devoluciones exprés, en menos de 72 horas, de ciudadanos que desaparecen de un día para otro de nuestras ciudades,  decididas desde una comisaria, que son ya más numerosas que las que se producen desde los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), y que violentan la propia estructura del Estado de Derecho; de las mal llamadas devoluciones en caliente de ciudadanos que, por estar en territorio español, tienen los derechos que les conceden nuestras leyes; de redadas indiscriminadas de inmigrantes por el mero hecho de serlo, no por razones delictivas.

Hablo de Centros de Internamiento de Extranjeros, que muchas veces no cumplen los mínimos legales exigidos, y donde recluimos, sin apoyo ni la mínima información jurídica, a personas sin antecedentes penales ni procesos penales, sólo por su situación irregular, a cuya vulnerabilidad le añadimos la que genera el propio internamiento. Hablo de internos que tienen dificultad de acceder a los datos de su abogado, especialmente si han sido trasladados desde otras ciudades. Una vez más hay que denunciar que la única finalidad de los CIE es la expulsión de las personas internadas en ellos y sin embargo no se llega a expulsar ni a la mitad de las personas allí confinadas.

Somos, históricamente,  un país de emigrantes, que ahora recibe inmigrantes que huyen de países donde, literalmente, no pueden vivir. No es sólo un problema de supervivencia económica, de miseria, de hambre, que los es; es, también, un problema de personas perseguidas que se juegan la vida, incluso sabiendo que la pueden perder, para pedir asilo y seguir siendo seres humanos, refugiados, con derechos. La inmigración es el gran suspenso de los Gobiernos y uno de los mayores problemas de Europa. Habrá que resolverlo con humanidad. Pero no se puede hacer con mentiras o medidas equivocadas ni con reparto de cupos como si se tratara de productos de consumo. Estamos hablando de personas. He dicho ya muchas veces que es de una ceguera total pretender hundir los barcos en los que llegan inmigrantes. No hay vallas que puedan parar el hambre o la esperanza de una vida mejor. ¿Ya hemos calculado cuantos millones, de eso que eufemísticamente llaman barcos, hay que hundir para acabar con el problema?

No debemos preguntarnos cómo llega a España un niño metido en una maleta, con riesgo de su propia vida, para reunirse con su familia. Tenemos que preguntarnos por qué acaba metido en una maleta y en qué hemos fallado para obligarle a hacer eso.

Los Estados desprecian la dignidad de los extranjeros. No podemos consentir que muchos presos españoles sigan privados de libertad en Ecuador y, sobre todo en España, un día más, cuando los tribunales de aquel país han dictaminado que su condena está cumplida. Esto dará para mucho más.

Estas Jornadas de Extranjería que se celebran este año en Málaga cumplen 25 ediciones, con un programa denso, práctico y muy atractivo. El conjunto de las 25 convocatorias representa un bastión bien planificado, inexpugnable e inasequible al desaliento. Corrían los primeros meses de 1991 cuando en el Colegio de Abogados de Zaragoza se formaba  una Comisión bajo el acrónimo de SAOJI (Servicio de Asesoramiento y Orientación Jurídica a Inmigrantes). Eran tiempos de profundos cambios institucionales en la Abogacía. Surgían con fuerza servicios jurídico-sociales para auxiliar a los sectores más desfavorecidos (prisiones, menores, asistencia a mujeres, personas mayores y discapacitados). Algunas Administraciones públicas sensibilizadas con la realidad social acogieron con entusiasmo los servicios, expandiéndose considerablemente la acción social de la Abogacía institucional. Durante estos años se ha hecho mucho. Pero siguen vivos demasiados problemas. Tenemos que aprovechar estos encuentros para formarnos mejor, para elevar nuestro nivel de autoexigencia y para denunciar todas las situaciones injustas.

Sin la labor que desarrollan los Colegios de Abogados, sin el empuje, el trabajo diario y el apoyo de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española y de este Consejo, sin Jornadas como la de Málaga y las veinticuatro anteriores, la situación de miles y miles de inmigrantes sería lamentable.  Pero, sobre todo, sería mucho peor sin los abogados de Extranjería y sin vuestro trabajo incansable. Los derechos humanos no tienen fronteras. No se las pongáis nunca y vamos, todos juntos, a derribar las que impiden la igualdad entre ciudadanos por el mero hecho de haber nacido unos kilómetros más arriba o más abajo.