Ni ilegales ni invisibles

El Consejo General de la Abogacía Española y UNICEF España, con el apoyo de la Fundación Cultural Banesto, elaboraron el informe “NI ILEGALES NI INVISIBLES: Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en España”. Este informe, el primero realizado sobre esta materia en España desde una perspectiva sociojurídica, aborda la situación de los miles de menores extranjeros, acompañados y no acompañados, que residen en nuestro país.

El Consejo de la Abogacía y UNICEF hacen un llamamiento para que en las cuestiones que hoy más afectan a los menores extranjeros en general -determinación de edad, documentación, tutela, repatriación, asistencia letrada, integración, reagrupación familiar, etc.- se priorice “la consideración de menor sobre la consideración de extranjero”  tal y como recoge la Convención sobre los Derechos del Niño que España ratificó en 1990, y un tema “primordial” que fue destacado por todos los ponentes en la presentación del informe.

La publicación del Informe, que ofrece una descripción pormenorizada sobre la difícil situación que afecta a un importante número de menores de edad extranjeros -en especial los no acompañados-, tiene como objetivo contribuir a la mejora de sus condiciones de vida, una vez constatada la “preocupante descoordinación y las deficiencias detectadas en el actual Sistema de Protección”, según recoge el informe.

Para la elaboración de este Informe se solicitaron datos a 700 organismos e instituciones, de los que el 80% no han contestado. También se han recabado datos que incluso llegan a contradecirse entre la Administración central y las autonómicas. Por ello, una de las recomendaciones de este Informe es la urgente necesidad de mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones y la puesta en marcha del Registro Nacional de Menores Extranjeros No Acompañados previsto legalmente, con datos de todas las instituciones implicadas (artículo 111 RLOEX), pero que no funciona realmente.

Otra de las conclusiones del Informe es la modificación de la legislación en esta materia. La Abogacía y UNICEF España consideran imprescindible adaptar los procedimientos de la Administración a la realidad y coordinar a las Comunidades Autónomas con el fin de asegurar la protección del menor extranjero y garantizar que se cumplan sus derechos. Además, las legislaciones europea y española en materia de extranjería se han quedado obsoletas para la realidad actual.