Comentario de urgencia: sobre el permiso retribuido y otras medidas complementarias en materia laboral aprobadas por la crisis Covid-19

En menos de 48 horas se han publicado en el Boletín Oficial del Estado dos RD-Leyes mediante los cuales el Gobierno ha adoptado una serie de medidas en el ámbito de las relaciones laborales por cuenta ajena, cuyo propósito sería hacer frente a la crisis sanitaria del Covid-19 y paliar sus efectos económicos y sociales. Dada la envergadura de la crisis y el empeoramiento de las circunstancias, resulta comprensible que el Gobierno recurra a una suerte de “legislación por aluvión”, si bien, a la vista de cómo ha actuado el Gobierno durante este fin de semana y a la vista de las diferentes medidas aprobadas, tal vez hubiera sido prudente una menor urgencia en la aprobación del primer RD-ley 9/2020 –publicado el sábado 28 de marzo-, para valorar conjuntamente los fines y contenidos de ese RD-ley con la necesidad de adoptar medidas adicionales de limitación de la movilidad de los ciudadanos ante el incremento del número de contagios y el riesgo de saturación de los servicios sanitarios, que es la principal razón de ser del segundo RD-ley 10/2020, relativo a un permiso laboral retribuido de carácter obligatorio –publicado el domingo 29 de marzo, con el agravante de que dicha publicación se produjo faltando escasos minutos para que entrase en vigor la obligación de disfrutar del permiso y, por tanto, la obligación empresarial de no exigir la prestación laboral a sus trabajadores-. Tal vez una menor precipitación hubiera permitido articular un sólo RD-ley de un modo más ordenado, coordinando debidamente el contenido de las diversas medidas que desde el punto de vista laboral se consideran oportunas tanto para frenar el crecimiento del número de personas contagiadas, cuanto para seguir abordando la crisis con medidas equilibradas de tutela para trabajadores y empresas. El Gobierno debería ser consciente, en este sentido, que está abocando a los actores del sistema de las relaciones laborales a una suerte de “puzzle normativo” que para nada contribuye a la seguridad jurídica y acrecienta la de ya por sí grave incertidumbre económica y social a la que nos enfrentamos.