Revista Abogacía Española nº 127
NÚMERO 127. MARZO 2021
El nuevo Estatuto General de la Abogacía, aprobado en el Consejo de Ministros del 2 de marzo, es el tema principal de este número de la Revista. Una edición en la que también informamos de la reforma del Reglamento de Justicia Gratuita para que quienes estén en el turno de oficio cobren mes a mes; damos cuenta de la entrega del I Premio Igualdad Abogacía y entrevistamos a las premiadas.
PORTADA
Nuevo Estatuto de la Abogacía: un paso firme al futuro
Han pasado casi 8 años desde que el Pleno del Consejo General de la Abogacía aprobó el Estatuto General de la Abogacía. Ahora, el Consejo de Ministros le ha dado el visto bueno y entrará en vigor el próximo 1 de julio. Un texto para el futuro, que tiene sus puntos más destacados en materias como el secreto profesional, la modernización de los Colegios, la publicidad o la formación. Repasamos también el camino que ha recorrido el texto hasta llegar a su aprobación final y entrevistamos a Enrique Sanz, presidente de la Comisión que elaboró el nuevo Estatuto.
TAMBIÉN DESTACAMOS
Secreto profesional y proceso penal en el nuevo Estatuto General de la Abogacía
Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, analiza cómo es tratado el secreto profesional en el nuevo Estatuto. El secreto se sitúa entre los “principios rectores y valores superiores del ejercicio de la Abogacía”, con lo que este texto legal le otorga el carácter que reivindica su propia naturaleza.
La Abogacía insta a los hombres a sumarse a la igualdad real
La Abogacía Española celebró el Día de la Mujer con un acto en el que se desarrollaron dos mesas redondas sobre brecha salarial y techos de cristal. En el mismo acto se entregaron los I Premios Igualdad Abogacía, que han recaído en la Agrupación de Mujeres Abogadas de Valladolid y del Colegio de la Abogacía de Alicante y en la abogada iraní Nasrin Sotoudeh.
NO TE PIERDAS…
Antonio Suárez-Valdés: “Hemos contribuido a la democratización de las fuerzas de seguridad”
A finales de los años 90, en plena ofensiva de ETA, una sentencia colocó en el mapa a un joven abogado que tuvo claro desde el principio hacia dónde quería dirigir su despacho: el derecho militar. Antonio Suárez-Valdés logró que el Ministerio del Interior abonase un complemento retributivo de peligrosidad a los guardias civiles desplazados al País Vasco. Con paso firme, el bufete que dirige se ha consolidado como un referente en la protección jurídica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.