Revista Abogacía Española nº 133
NÚMERO 133. MARZO 2022
El Real Decreto-ley 32/202, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, que empezará a tener efecto el 30 de marzo, tiene como objetivos acabar con la temporalidad y reforzar la negociación colectiva. En este número de la Revista Abogacía analizamos algunos de sus principales aspectos: los nuevos tipos de contratos, la apuesta por los ERTEs o las sanciones contra la contratación temporal abusiva.
PORTADA
Una ley contra la excesiva temporalidad
La reforma laboral quiere dificultar la provisionalidad permanente como forma de contratación. Pero ¿cambiar la ley bastará para transformar la realidad de las relaciones laborales del país? Lo analiza Rafael Massieu, decano del Colegio de Abogados de Las Palmas.
TAMBIÉN DESTACAMOS
La apuesta por la estabilidad
A partir del 30 de marzo todos los contratos tienen que hacerse conforme a lo establecido en la nueva norma, que introduce nuevas formas contractuales con el objetivo de reducir la temporalidad. Nos lo explica Ana Gómez Hernández, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA).
Los ERTEs han llegado para quedarse
Fueron claves durante la pandemia porque evitaron la destrucción de empleo. Y ahora se apuesta por ellos, facilitando, agilizando su uso y dotándolos de mayor seguridad jurídica. Además, se crea un nuevo mecanismo de flexibilización y estabilización del empleo. La clave para Mª Jesús Herrera Duque, socia de Sagardoy Abogados, está en favorecer el ajuste y dar alternativas frente a la extinción.
El coste de la contratación
Con el objetivo de incentivar la estabilidad laboral y penalizar la contratación fraudulenta, la nueva normativa introduce una serie de sanciones contra los contratos temporales abusivos. Las detalla Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados.
NO TE PIERDAS…
Entrevista a María Victoria Vega, socia de VDT Abogados: “Hay que proteger a las víctimas de abusos”
Especializada en derecho penal económico, ha llevado casos como la Gürtel o Púnica y ha defendido a Francisco Nicolás Gómez, conocido como el Pequeño Nicolás. Pero su caso más difícil ha sido uno sobre abusos sexuales en una institución religiosa.
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