nales y materiales, sin barreras de interoperabilidad, sin descoordinación ni improvisación permanentes. Una Justicia que deje de ser la cenicienta de la Admi- nistración pública. No queremos una Justicia con exceso de leyes, ni con leyes mal hechas y que cambian cada dos por tres, con reformas realizadas a golpe de telediario, con la inseguridad jurídica que producen las continuas le- yes ómnibus, con reformas escondidas en otras leyes, con poderes que se erigen en legisladores sin serlo, con abuso del decreto-ley. Lo peor que le puede suce- der a un país es la falta de coherencia de su sistema jurídico o que la inseguridad jurídica campe a sus anchas. El Derecho es un instrumento para ordenar la vida, no para hacerla más difícil. El Derecho no es sólo precepto o norma, es parte fundamental de la rea- lidad social, de la vida. Afecta a seres humanos con sus deberes, pero también con sus derechos. Así que lo que sucede en el mundo del derecho, de la Justicia o de la Abogacía nos afecta directamente a todos y por tanto debería interesarnos, preocuparnos y movi- lizarnos a todos, como ocurre con algunos derechos básicos como la educación o la sanidad. Afortunada- mente, nuestro país tiene, por fin, un gobierno cons- tituido después de un largo periodo de incertidumbre y parálisis política, del que forma parte un ministro de Justicia que ha dado muestras ya de su carácter dialogante y que tuvo que empezar su gestión apa- gando todos los fuegos que había prendido su ante- cesor, que fueron muchos y, algunos, devastadores. PACTO DE ESTADO URGENTE Por eso no sólo necesitamos con urgencia un Pacto de Estado por la Justicia, con todas las fuerzas polí- ticas y sociales y con todos los actores jurídicos, sino que tenemos que empezar a trabajar sin dilaciones para lograrlo. Un Pacto para llevar a la Justicia al siglo XXI de una vez. Un Pacto para que la Justicia merezca ese nombre, para que la Justicia se gane el reconocimiento de los ciudadanos y para que deje de ser un mero instrumento de batallas partidistas. Un Pacto por la igualdad de armas de todos los ac- tores del proceso. Y un pacto por la libertad y la in- dependencia real de los jueces. Un Pacto, en fin, por la seguridad jurídica y por los ciudadanos. Un Pacto presidido no por criterios de oportunidad política, sino desde el conocimiento de la realidad de nuestros juzgados y del trabajo de quienes actuamos en dicha Administración, y en ningún caso desde actitudes complacientes que a la larga deriven en una mayor y más profunda insatisfacción de la ciudadanía. Un Pacto que garantice la libertad e independencia real de jueces y magistrados. Un Pacto, en definitiva, por la seguridad jurídica y por los ciudadanos. La Abogacía tiene vocación de liderar ese proceso. © ARTURO ASENSIO. REVISTA 73. ABRIL DE 2012 Estamos trabajando con las asociaciones de jueces y fiscales para presentar al ministro nuestras medidas de regeneración de la Justicia en cuatro áreas: or- gánica, organizativa, procesal y profesional. Estamos seguros de que ahora tiene que ser posible y real el Pacto por la Justicia. En esta tarea, y en la de lograr una mejor Justicia que proteja y garantice esos de- rechos, la Abogacía va a emplear todas sus fuerzas. No podemos esperar otros 100 números para llevar a la portada de Abogacía Española la buena noticia de que hemos sido capaces de llegar a ese Pacto y de que la Justicia funciona. El ministro Catalá anunció como gran objetivo en su toma de posesión el “dignificar el trabajo de los profesionales de la Justicia, escuchan- do, dialogando y construyendo con todos”. Aquí nos tiene, ministro, dispuestos a trabajar por la Abogacía y por la Justicia. l Noviembre 2016 _ Abogacía Española _ 9