FUNDACIÓN DERECHOS HUMANOS: LA FUNDACIÓN ABOGACÍA EN DEFENSA DE LOS MÁS VULNERABLES E FRANCISCO SEGOVIA LOSA l Consejo General de la Abogacía ha sido garante en la lucha por los Derechos Humanos casi desde su fundación, con especial énfasis en esta labor durante los años 90, una tendencia que fue crecien- do hasta nuestros días, cuando la Aboga- cía es reconocida por ser un importante baluarte en la defensa de los más vul- nerables. En este sentido, la Fundación Abogacía Española nació en 2003, un año en el que España era un país muy activo y visible en el mundo de la coo- peración al desarrollo. Ocurrió en una época de optimismo nacional sobre el funcionamiento de la economía. Había superávit de la Seguridad Social y tasas de desempleo asumibles para el sistema. La deuda y el déficit se pagaban en un puro trámite. No hace tanto tiempo. Fue hace sólo trece años. Las administraciones, así como las empresas y las organizaciones de la so- ciedad civil, en esos tiempos, habían ele- vado bastante su mirada para ver fuera de sus fronteras y ofrecer sus servicios, sus recursos o sus conocimientos a otros países o regiones que los necesitaran. Sin embargo, como todo el mundo sabe, la crisis económica supuso un re- pliegue de esa proyección exterior accio- 68 _ Abogacía Española _ Noviembre 2016 nada por la solidaridad. Fue otro de los famosos recortes. Concretamente cada administración, corporación u organiza- ción cerró todo lo que consideró innece- sario o demasiado costoso, sin muchas contemplaciones. El Consejo General de la Abogacía, por suerte, no cometió el error, allá por el 2003, de dejarse llevar por el entor- no optimista y crear una Fundación con pomposos objetivos inmediatos La dotó con un mínimo presupuesto para ver cómo arrancaba. Ni siquiera tenía perso- nal en plantilla. Esa prudencia ayudó a la Fundación a sobrevivir de forma sanea- da en los años siguientes. La Fundación ha crecido sólo moderadamente, poco a poco, abriendo líneas de actuación don- de existía una necesidad contrastada en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y la cooperación al desarrollo, de acuerdo a sus fines, desde el principio de utilidad, y sobre la base de las capa- cidades propias para favorecer un mejor acceso a la justicia de los ciudadanos. Una de esas líneas constantes ha sido la preocupación y el trabajo en apoyo a presos españoles en el extranjero. Ya en 2007 se firmó un convenio de cola- boración con la ahora extinta Fundación Ramón Rubial, que era la más importan- te referencia nacional en esta compleja labor con ciudadanos españoles en esta situación, con frecuencia, extremada- mente vulnerable. Desde entonces, por su cuenta, o a través de otras colabora- ciones, siguió de un modo más o menos puntual recibiendo demandas de apoyo de personas en estas circunstancias, has- ta que, en 2014, inició una de las accio- nes más importantes y conocidas que ha llevado a cabo: En colaboración con el Consulado de España en Quito (Ecua- dor) y la Defensa Pública de Ecuador, la Fundación consiguió impulsar proce- dimientos judiciales para 48 españoles que habían sido condenados en este país y que, tras una reforma penal que les be- neficiaba, habían quedado en un limbo jurídico y no podían acceder a ella. Los procedimientos judiciales sirvieron para rebajar sus penas de cárcel una media de aproximadamente cuatro años. En la mayoría de los casos, la revisión judicial implicó la excarcelación inmediata. TRABAJO CON GRANDES EFECTOS La labor actual de la Fundación con pre- sos españoles en el extranjero alcanza también una cierta profundidad en otros países. En efecto, para que los ciudada- nos puedan acceder a la justicia, los abo- gados juegan un papel trascendental. La Fundación siempre ha tenido presente este hecho en sus proyectos en otros paí- ses. La cooperación, y mucho más cuan- do el fin de esa cooperación es reforzar los derechos humanos, se debe basar en un principio de apropiación local. Por eso la Fundación busca también con su labor contribuir a la creación de estruc- turas sostenibles de abogacía y de defen- sores de derechos de los ciudadanos. Así fue con el impulso de las cumbres hispa- no-marroquís de juristas. O con las pro- puestas para la creación de la colegiación obligatoria de los abogados en Colombia, donde el índice de asesinatos de aboga- dos era y sigue siendo espeluznante. Pero, sobre todo, en todos estos años, nos ha motivado el trabajo que tenía un impacto inmediato sobre los ciudadanos más necesitados. En el período de 2011 a 2015 pudimos llevar a cabo numerosos