CARTA DEL EDITOR Ante el inicio de un curso difícil L vuelta del verano anuncia un curso difícil. En lo político y en lo jurídico. El problema catalán, con todo lo que supone, especialmente en lo que se refiera al riesgo de la legalidad y de la seguridad jurídica, conceptos claves para la Abogacía, pero también a la falta de un diálogo real y efectivo para encontrar soluciones, apunta un horizonte complejo y difícil en el que la Abogacía institucional reclama voluntad política y altura de miras para seguir avanzando en el Estado de Derecho y en la defensa de los derechos y de las libertades. En lo puramente jurídico, la propia situación política a nivel nacional, con las complejas situaciones de los partidos y el reparto de fuerzas, está haciendo que una legislatura que podía haber sido propensa a la negociación, al consenso, al acuerdo entre todas las fuerzas para proponer soluciones compartidas, esté más cerca de ser una legislatura inútil que de ofrecer alguna esperanza. Y todo lo que no sea avanzar en reformas de fondo y de forma, en ese Pacto de Estado por la Justicia que desde la Abogacía hemos impulsado y seguimos reclamando, todo lo que no sea avanzar es, pura y llanamente retroceder. La Justicia no está mejor, el descontento sigue instalado en los profesionales y la percepción de los ciudadanos sobre la Justicia sigue siendo negativa. Por si fuera poco, Lexnet, que trataba de ser una apuesta por la modernización, está demostrando que falla y que necesita más y mejores inversiones, más y mejores controles de seguridad, más y mejores medios técnicos y personales. Y, además, que no haya diez sistemas diferentes en España, sino uno sólo o que todos interacciones y se comuniquen de forma eficiente. No hay ninguna duda de que se puede, pero no hay voluntad política de acabar con un problema que lastra sustancialmente la eficiencia de nuestra Justicia y que impide una indispensable e imparable modernización tecnológica. Y aunque se hace algo, es claramente insuficiente. Sumen a eso, cuestiones de improvisación e imprevisión –como la constitución de juzgados únicos provinciales para las cláusulas suelo que la Abogacía denunció y que ha recurrido en los tribunales- y otras chapuzas y se entenderá mejor el descontento profesional y ciudadano ante la situación de la Justicia. En este sector, lamentablemente, cuando se anuncia un tifón, acaba llegando un huracán. En medio de todos estos problemas, hemos querido presentar en este número de Abogacía Española una realidad que funciona a pesar de las zancadillas, de las deficiencias, ajenas a los Colegios y a los abogados, y de los retrasos en los pagos o en el mal trato a los abogados que trabajan 24 horas al día, 365 días al año para que ningún español se quede sin defensa por falta de medios: la Justicia Gratuita. Los 45.300 abogados que prestan ese servicio y los 83 Colegios de Abogados demuestran cada día que un servicio público se puede prestar eficientemente en cualquier lugar de España, sin apenas quejas. Cerca de un millón de ciudadanos lo constatan cada año. Los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, necesitan recuperar su confianza en la Justicia y en la Política. Lo necesitamos todos. Y tenemos que hacer lo imposible para que la utopía se convierta en realidad. l Octubre 2017 _ Abogacía Española _ 3