CARTA DEL EDITOR La descompensada balanza de la igualdad H asta hace apenas cuarenta años, al final del siglo XX, las mujeres españolas debían tener el permiso de su marido para trabajar, cobrar su salario, abrir una cuenta corriente o sacar el carné de conducir. La mujer soltera se equiparaba al menor y no podía abandonar la casa sin el consentimiento paterno. El adulterio de la mujer era causa legítima de separación para el hombre, pero el del marido sólo lo era cuando existía escándalo público o menosprecio para la mujer. Las profesionales podían aconsejar a sus clientes pero no podían decidir por sí mismas. Hasta 2004, ya en el siglo XXI, el asesinato de una mujer a manos de su pareja o ex pareja se consideraba un parricidio, un crimen pasional, y ni siquiera existían estadísticas de maltrato por que ese era un asunto que quedaba “en la sacrosanta intimidad del hogar”. Afortunadamente hoy tenemos un sistema legal que reconoce los derechos de toda la ciudadanía sin discriminación. Pero si es así, si las mujeres representan el 51% de la población, si tienen un nivel de formación igual o superior al de los hombres, si no existen leyes o normas que las discriminen, ¿por qué hay diferencias salariales de hasta un 30%, por qué se castiga más su desempleo, por qué su presencia escasea hasta desaparecer a medida que se asciende en los cargos de representación, en los órganos de decisión, en los centros del poder? No hay un solo ámbito de la sociedad en el que esta tremenda anomalía democrática no se reproduzca. También en la Justicia. En todos sus ámbitos, en algunos casos de forma escandalosa. En todas las profesiones jurídicas. Cotidiana y normalizadamente. Las fotografías de la apertura del Año Judicial de la última década es siempre la misma: doce hombres acompañando al Rey. Ni una sola mujer, a pesar de que éstas son el 52,7% de los jueces y magistrados y el 64% si contamos solo a los menores de 50 años. Han pasado 95 años desde que María Asunción Chirivella se convirtiera en la primera licenciada en Derecho que pudo ejercer como abogada en su Colegio de Valencia. Si en 2001 constituían el 33% de los abogados hoy son el 44%, aunque ya son una clara mayoría entre los colegiados menores de 40 años. Pero ni institucionalmente ni en los despachos, las mujeres ocupan cargos de responsabilidad por encima de un quince o veinte por ciento. En esta misma revista pulsamos la situación de la igualdad en la Justicia 2009, en 2015 y lo repetimos ahora. Los datos no engañan. La balanza de la presencia de la mujer sigue descompensada. Altamente descompensada. Y no se están tomando decisiones para revertir esta situación que es negativa para el progreso de la sociedad. Se está desperdiciando el talento y la capacidad de la mitad de la profesión. De la mitad de la población. El Consejo de la Abogacía está trabajando en un Plan de Igualdad para la Abogacía y ha encargado una gran encuesta para conocer con exactitud las condiciones de trabajo, la retribución, las posibilidades reales de progresión profesional, si los despachos tienen planes de igualdad, si adoptan medidas para conciliar la vida laboral y familiar y si esas medidas se hacen en condiciones de igualdad. Este año se cumplen también diez años de la Ley de Igualdad que puso en marcha el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El balance tampoco es positivo. Como decía Amelia Valcarcel en un artículo publicado en el anterior número de esta revista, hay seis escenarios en los que el poder sigue rechazando la presencia de las mujeres, sean éstas todo lo competentes que requiera el caso: “el conglomerado económico-empresarial, el poder político, el saber, la creatividad, la opinión y la religión. Al menos en estos seis ámbitos de poder la presencia de la mujer es tan sólo testimonial”. También en todos los territorios de la Justicia. Una sociedad desigual es una sociedad injusta. La Abogacía considera imprescindible aprender a identificar y eliminar prejuicios y estereotipos que mantienen y reproducen distintos tipos de discriminación. No es legal ni ético que a estas alturas del siglo XXI esa desigualdad se traduzca en un menor peso económico, menor reconocimiento social, menor prestigio profesional, menor presencia y participación de las mujeres en todos los ámbitos. En la Abogacía, en la Justicia y en la sociedad. No es un problema de las mujeres. Es un problema de todos. Por eso, es necesario trabajar unidos para equilibrar la balanza. l Noviembre 2017 _ Abogacía Española _ 3