FUNDACIÓNABOGACÍA LA ABOGACÍA, UNA PROFESIÓN DE RIESGO EN CHINA MIKEL CÓRDOBA, Responsable del área de Defensa de la Defensa de la Fundación Abogacía Española MARÍA BAEZA, Coordinadora de China en Amnistía Internacional-Sección España E l pasado 13 de agosto el abogado Gao Zhiseng fue detenido y sólo se sabe que fue trasladado a Pekín, según la escueta información que las autoridades chinas facilitaron a uno de sus familiares. En la fecha actual, se desconoce cuál es su estado de salud, los hechos que se le atribuyen así como las razones motivadoras de su detención. La aplicación de la medida de “vigilancia domi- cialiaria en lugar designado“permite a las autori- dades policiales detener a una persona y mante- nerla bajo custodia hasta 6 meses en incomunica- ción sin contacto alguno con sus familiares ni su defensa letrada. Las familias sí conocen al parecer la circunstancia de la detención pero no reciben ninguna información sobre el paradero exacto, su estado de salud, los hechos que se atribuyen y las razones que motivan la detención. Lamentable- mente, persisten los casos en los que las personas detenidas denuncian haber sido sometidas tortu- ras y/o malos tratos inhumanos o degrandante, y las confesiones obteidas en ese tiempo son acepta- das en el proceso penal abierto en su contra. No se trata de la primera vez que Gao Zhiseng padece las consecuencias de las medidas admi- nistrativas y judiciales impuestas en su contra por parte de unas autoridades que lo condenan al ostracismo por ejercer su doble condición de ciudadano y abogado en un entorno concebido para negar el pleno ejercicio de los derechos y li- bertades fundamentales. De hecho en el 2005 Gao Zhisheng vio revocada su licencia para ejercer la profesión por decisión del Departamento de Jus- 58 _ Abogacía Española _ Noviembre 2017 ticia Municipal de Pekín. Esto hecho lo obligó a suspender las actividades de su bufete de abo- gados, Shengzhi, por las que había obtenido un notable reconocimiento público. Desde entonces habría sido detenido en numerosas ocasiones e incluso condenado a cumplir tres años de cárcel y cinco años de suspensión acusado de incitar a la subversión del poder del Estado. Los hechos cuentan con antecedentes de casos similares o análogos, particularmente relaciona- dos con la ola de detenciones iniciada en la noche del 09 de julio del 2015, cuando numerosos abo- gados y abogadas penalistas y defensoras de de- rechos humanos fueron privadas de libertad tras haber señalado las autoridades al bufete Fengrui Law Firm, de Pekín, como parte de una organiza- ción criminal. Entre el 9 de julio y el 22 de sep- tiembre un total de 245 personas, entre abogacía y activistas de derechos humanos, habían pasado por las dependencias policiales y 30 continuaban bajo custodia policial. Precisamente, las detencio- nes se produjeron bajo la sospecha al igual que en el caso de Gao Zhiseng de “subversión contra el poder del Estado” lo que puede suponer hasta 15 años de cárcel. Como cabía esperar, desde enton- ces se han sucedido las condenas y un número ele- vado abogados se encuentran a la espera de juicio. En la denuncia que realizamos a través de estas líneas Amnistía Internacional y la Fundación Abo- gacía Española, no planteamos emitir un juicio sobre los indicios de los que se deduciría la parti- cipación del abogado en determinados hechos ni tan siquiera nos pronunciamos sobre la califica- ción del tipo penal. El motivo que nos moviliza en solidaridad con la abogacía investigada, detenida y procesada es la defensa de las garantías proce- sales y la equidad de un proceso que debe contar con las medidas de salvaguardia necesarias para prevenir la obtención de confesiones bajo tortu- ra o violencia, excluyendo así la legalidad de la prueba obtenida por medio de práctica lesivas contrarias a lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradante que la República Popular China ha firmado y ratificado. l