FUNDACIÓNABOGACÍA ABOGACÍA EN RIESGO EN MÉXICO E MIKEL CÓRDOBA Y FRANCISCO SEGOVIA ntre el 8 y 14 de abril de este año, re- presentantes del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia y la Fundación Abogacía Espa- ñola integraron una delegación conjunta que visitó México. El objeto principal del viaje fue visibilizar la situación de riesgo que padece la abogacía que trabaja en contextos donde predomina la impunidad de los ataques en contra de las personas defensoras de derechos humanos y favorecer alianzas entre la abogacía de México y España de cara al desarrollo de actuaciones ulteriores. La visita fue auspiciada por la organización Brigadas Internacionales de Paz-PBI, que presta acompañamiento a las organizaciones de este tipo en el país. Es preciso comprender que las dificultades y gra- ves amenazas a las que se someten quienes se enfren- tan al status quo en defensa de los derechos humanos en este país, guardan en muchos casos relación direc- ta con los sucesos acontecidos en el periodo 2006- 2011, en el que se libró la denominada guerra contra el narcotráfico. Lejos de ofrecer un mayor nivel de seguridad, disparó la criminalidad hasta límites inso- portables para la sociedad mexicana. La situación de violencia persiste en numerosos lu- gares del territorio, como es el caso de los Estados en los que se encuentran radicadas las organizaciones con las que se reunió la delegación, Paso del Norte y la Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez (Estado Chihuahua), Fray Juan de Larios y Casa Migrante en El Saltillo (Estado Coahuila de Zaragoza) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan y Centro ProDH (Ciudad de México), entre otras. La delegación también tuvo oportunidad de reunirse con representantes diplomáticos extranjeros y auto- ridades públicas como las Fiscalías de Ciudad Juárez y El Saltillo, así como con la Subsecretaría de De- rechos Humanos y la Subprocuraduría de Derechos Humanos en Ciudad de México. En relación con el problema eterno de la insegu- ridad quedó claro una vez más que no hay medidas parciales y coyunturales que puedan ayudar a rever- tir o prevenir de manera efectiva esta situación. El 60 _ Abogacía Española _ Julio 2018 balance de actuación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas creado en el año 2012, resulta en este sentido clarificador. Pese a ser las medidas otorgadas útil en determinados momentos, no son suficiente a la hora de prevenir riesgos y ofrecer una respuesta adecuada a las necesidades de las personas y entida- des afectadas. México afronta unas elecciones federales el próxi- mo 1 de julio de 2018 trascendentales para su futuro. Las estructuras de poder formal e informal que gene- ran actualmente los episodios de vulneraciones de derechos humanos en el país deben ser radicalmente transformadas. Lo contrario, supone dejar intacto, en lo esencial, el funcionamiento de dichas estructuras, dando lugar a una repetición de los episodios de vul- neraciones de derechos humanos que no han cesado en ningún momento. Independientemente de lo que pueda acontecer en estas elecciones, un cambio de envergadura al que se enfrenta el conjunto de la abo- gacía mexicana en 2018 es el cambio de Procuradu- ría General de la República-PGR a Fiscalía General. Del mismo se espera un mayor grado de autonomía que favorezca a nivel federal la salvaguarda del de- bido proceso y la investigación y esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos. Por otra parte, a nivel de marco normativo los defensores de derechos humanos y sus abogados y abogadas están pendientes de importantes desafíos para el país en relación con la protección efectiva de derechos humanos y el acceso a la justicia de las víctimas. Entre otros, destacan el proyecto de Ley de Seguridad Interior; La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Per- sonas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. En ma- teria de seguridad, las preocupaciones se centran en el hecho de que en el pasado se asignaron funciones de tipo policial a las Fuerzas Armadas, lo cual queda- ría ahora consagrado en el marco normativo. En ma- teria de tortura y desapariciones, la preocupación no reside en la adopción de los textos legislativos consi- derados claros avances en materia de protección de derechos humanos sino en la puesta en marcha de las instancias administrativas y procedimientos necesa- rios para asegurar su aplicabilidad efectiva. l