FUNDACIÓNABOGACÍA PROCESO POR EL ASESINATO DE BERTA CÁCERES: HONDURAS FRENTE AL ESPEJO (PARTE I) E MIKEL CÓRDOBA GAVÍN l asesinato de Berta Cáceres es sin duda uno de los sucesos que más impacto ha tenido en la última década dentro y fuera de Hondu- ras a nivel de opinión pública, organismos interguber- namentales, supranacionales y no gubernamentales. Berta, dirigente del Consejo Cívico de Organiza- ciones y Pueblos Indígenas de Honduras-COPINH y premio Goldman de Medio Ambiente en 2015, lideró las movilizaciones contra el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca por parte de la Empresa de Desarrollos Energéticos-DESA. La construcción de la represa nun- ca fue acompañada de un proceso de consulta, previa libe e informada tal y como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo- OIT. Por tanto, los argumentos y preocupaciones de las comunidades afectadas no fueron tomadas en consideración pese haber sido desplazadas del terri- torio que habitan de acuerdo a los usos y costumbres ancestrales del pueblo lenca al que pertenecen. De esta forma, la ausencia de cualquier tipo de informa- ción relativa al impacto social del proyecto allanó el camino hacia su ejecución ya que tampoco se tuvo en cuenta el impacto medioambiental pese a que amena- zaba seriamente el ecosistema de la cuenca de los ríos Gualcarque y Ulúa. Berta y otros activistas del COPINH recibieron constantes amenazas y presiones para desistir en su pretensión de paralizar el proyecto hasta que final- mente, la noche del 3 de marzo de 2016, fue asesina- da por asaltantes armados en su propia casa. Gusta- vo Castro, testigo y víctima directa del ataque logró sobrevivir. El Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINNFUND) retiraron definitivamente su apoyo al proyecto que fue finalmente suspendido. La situación actual de los familiares de Berta Cá- ceres así como la de los miembros del COPINH que se pusieron activamente al proyecto hidroeléctrica Agua Zarca amerita especial atención por la grave- dad de los antecedentes de amenazas, hostigamien- tos, agresiones y ataques directos que sesgaron la vida no solamente de Berta sino también de Moisés 56 _ Abogacía Española _ Septiembre 2018 Durón Sánchez y y Nelson Noé García integrantes del COPINH asesinados el 20 de mayo de 2015 y 15 de marzo de 2016 respectivamente. Dicha preocupación se hace extensiva al equipo legal constituido para asegurar la defensa de los in- tereses legítimos de las personas afectadas y ejercer para ello las acciones legales oportunas sin riesgo a padecer por ello represalias que limiten o impidan el libre ejercicio de la profesión. Es de vital importancia señalar que el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, organización de la cual forman parte la mayoría de las integrantes del equipo legal del CO- PINH y las hijas e hijo de Berta Cáceres, debido a su actividad en el litigio de la causa y de otros casos de alto impacto en general, continúa siendo víctima sistemática de ataques. En la reciente coyuntura de crisis post electoral los ataques directos ascendieron a al menos 19, dejando un saldo total de más de 8 de sus integrantes en situación de riesgo, entre estos, Víctor Fernández, víctima de una brutal campaña de desprestigio en su contra. Como Fundación nos sentimos especialmente concernidos por la aparente falta de garantías que impiden o limitan la capacidad de actuación de la abogacía en su doble vertiente litigante y activista en favor de un Estado de derecho donde prevalez- ca el respeto pleno al principio de legalidad.  Una preocupación que hacemos extensiva a la situación que puedan padecer actualmente en Honduras to- dos los sectores de población cuyo cuestionamiento del status quo pueda generar cualquier tipo de per- juicio personal y/o patrimonial. Hasta la fecha, se ha logrado sentar en el banqui- llo de acusados 8 personas a quienes se atribuye la autoría material del asesinato y la Fundación asiste como observadora del proceso junto con el resto de personas y organizaciones que se han movilizado en torno al caso. Queda pendiente de demostrar en sede judicial que el ataque fue orquestado por una asociación de ca- rácter ilícito que tenía como fin eliminar el COPINH, debido a su oposición al Proyecto Agua Zarca, inclu- yendo el asesinato de Berta Cáceres. El pasado mes de marzo, dos años después del crimen, la policía llevó a cabo la novena detención. Se trata de Roberto David Castillo Mejía, antiguo presidente ejecutivo de DESA y hasta la fecha, la única persona a quien se atribuye indiciariamente la autoría intelectual del hecho. l