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actualidad_ LAS REFORMAS POLÉMICAS DE LA JUSTICIA
LA CONTROVERTIDA PROPUESTA DE
REFORMA DEL REGISTRO CIVIL
EL MINISTERIO DE JUSTICIA ha anunciado, aunque
no se sabe bien en qué proceso se encuentra hoy,
otra polémica reforma, la de los Registros Civiles que
pretende sacarla de su dependencia del poder judi-
cial para cedérsela a los registradores, funcionarios
encuadrados en la Administración a través de la Di-
rección General de los Registros, lo que ha desatado
críticas de todos los sectores, incluidos los propios
registradores. Existe una ley aprobada en 2011 por to-
El director de los Registros y el Notariado del
Ministerio de Justicia defendió que el nuevo modelo
dotará de una mayor eficiencia al Registro Civil
al incrementar la interoperabilidad informática y
supondrá un “importante ahorro” a la Administración
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dos los grupos políticos, con una vacatio legis de tres
años, que introducía cambios de fondo en el Registro
Civil. También se quiere dar a los notarios la posibi-
lidad de celebrar bodas –en lugar de que lo hagan,
como hasta ahora, los jueces de forma gratuita- y
divorcios, previo pago de una tasa similar a la que co-
bran los ayuntamientos –entre 90 y 100 euros-.
En este informe recogemos tanto la posición del
Ministerio, ofrecida por el director general de los
Registros y del Notariado en un desayuno con los
miembros de ACIJUR, asociación de comunicadores
e informadores jurídicos, como la de los presidentes
del Colegio de Registradores de España y del Consejo
General del Notariado. ¿Funciona mal o bien el Re-
gistro Civil en la actualidad? ¿Mejorarán con los re-
gistradores? ¿Aumentan los actos inscribibles y será
más caro hacerlo? ¿Estamos ante la privatización de
un servicio público y la interconexión de datos de los
ciudadanos? No parece un asunto pacífico.
HABLA EL MINISTERIO DE JUSTICIA
Según el director general de los Registros y del Nota-
riado, Joaquín José Rodríguez, los actos obligatorios,
como nacimientos o defunciones, y las certificacio-
nes seguirán siendo “gratuitas” en el nuevo Registro
Civil, que quedará encomendado a registradores de
la Propiedad y Mercantiles. Estos actos suponen en-
tre el 80 y el 90 por ciento de la actividad de estas
oficinas, según explicó Rodríguez.
El borrador también contempla un aumento de los
hechos inscribibles en el Registro, como es la inscrip-
ción de poderes o el domicilio. El ciudadano tendrá
la posibilidad de comprobar que el poder no ha sido
revocado, mientras que voluntariamente podrá ins-
cribir su domicilio para recibir notificaciones.
Estos trámites voluntarios tendrán un coste –infe-
rior al mantenimiento de este servicio– y que, en el
caso de los poderes “en ningún caso será superior” al
que ahora tiene en el Registro Mercantil. Rodríguez
se preguntó hasta qué punto actos que son tramita-
dos voluntariamente por un interés particular, como
es un cambio de nombre, tengan que ser “pagados
por todos”.
UN COSTE DE 450 MILLONES
El director de los Registros y el Notariado del Ministe-
rio de Justicia defendió que el nuevo modelo dotará