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fundaciónabogacía
EL PODER JUDICIAL DE HONDURAS
CONOCE LAS EXPERIENCIAS ESPAÑOLA
Y FRANCESA EN ELIMINACIÓN
DE BARRERAS DE ACCESO A LA JUSTICIA
Francisco Segovia y Mikel Córdoba
D urante los días 8 y 12 de abril dos magistradas de la Cor-
te Superior de Justicia y la subdirectora de la Escuela
Judicial realizaron visitas de estudio en Madrid y París
en el marco del proyecto que la Fundación Abogacía Es-
pañola desarrolla dentro del programa Eurosocial II.
Las visitas estuvieron orientadas al aprendizaje de las
buenas prácticas desarrolladas en España y Francia que
puedan servir como referente y enriquecer el proceso
del diseño de un protocolo en Honduras de eliminación
de barreras de acceso a la justicia que afectan a las mu-
jeres que son víctimas de la violencia doméstica.
La delegación hondureña pudo observar in situ esas
buenas prácticas y evaluar cuáles podrían corresponder
a las demandas del Poder Judicial. De esta forma se es-
pera que puedan adaptarse en la redacción de un bo-
rrador de protocolo de actuaciones como herramienta
útil en la mejora del desempeño en las funciones que
diariamente realizan los operadores de Justicia.
Durante la semana de estancia en España se concer-
taron reuniones con destacados actores institucionales
y sociedad civil que desarrollan una labor de protec-
ción y atención a mujeres víctimas de la violencia. Las
visitas incluyeron a la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género, el Servicio de Atención a Mujeres
Víctimas de Violencia de Género, la Dirección General
de la Mujer de la Comunidad de Madrid, la Academia
de la Policía Local de la Comunidad de Madrid, la Sub-
comisión de Violencia contra la Mujer del Consejo Ge-
neral de la Abogacía, el Turno de Oficio especializado
en Violencia de Género del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid y las Fundaciones Ana Bella y Luz Casanova
dedicadas a la lucha contra la violencia de género y la
atención a las víctimas de maltrato.
En su visita a Francia fueron programadas con idén-
ticos objetivos reuniones en la Fiscalía, Tribunal de Ape-
La delegación hondureña pudo observar
in situ esas buenas prácticas y evaluar
cuáles podrían corresponder a las demandas
del Poder Judicial
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lación de París (audiencia violencias intrafamiliares),
Tribunal de primera instancia de Bobigny, Comisaría de
Policía del Distrito 18 de Paris (brigada de protección de
la familia) y Asociación PHARE (hogar para mujeres víc-
timas de violencia domestica).
Durante su visita, y respecto a la situación de la vio-
lencia de género en Honduras, la delegación nos indicó
que “en América Latina la violencia doméstica es un
flagelo, y Honduras no es una excepción. Es necesario
trabajar para lograr cambios culturales y, en ese senti-
do la educación es muy importante para que las niñas,
los niños y los adolescentes no vean como natural este
comportamiento. Como la cultura de la denuncia no
está bien arraigada, el niño crece viendo como natural
que el padre agreda a la madre”.
Honduras está poniendo en marcha diversas políti-
cas públicas para proteger a las víctimas de violencia
de género y en este sentido han llevado a cabo recien-
temente “un diagnóstico para establecer cuáles son las
limitaciones que han tenido las mujeres como grupo
vulnerable para acceder a la justicia. En ese diagnósti-
co surgieron varias barreras de tipo procesal, cultural
y geográfico. Por ejemplo, advertimos que a las zonas
rurales casi no llegan la Defensa Pública ni el Ministerio
Público”. “Tenemos una Comisión Interinstitucional de Segui-
miento de la Ley contra la Violencia Doméstica (la ley
contra la violencia doméstica de Honduras es de 1997,
aunque no se introdujo en el Código Penal hasta 2006),
de la que forman parte el Instituto Nacional de la Mu-
jer (INAM), una Fiscalía especializada, la policía, la Corte
Suprema, etc. Estamos trabajando para que todas las
instituciones que formamos parte de la Comisión po-
damos fortalecer la aplicación de esa ley y establecer
mayores controles. El Plan Estratégico del Poder Judicial
de Honduras también incluye un componente que va
hacia la orientación, educación y asistencia legal de los
grupos vulnerables. Y por eso, en nuestra visita visita-
mos el Consejo General de la Abogacía para poder re-
plicar en Honduras alguna de las buenas prácticas que
se están llevando a cabo en España”, indicaron las com-
ponentes de la delegación. l