portada_ VI Jornadas de Juntas de Colegios de Abogados Vigo 2013 LA IMAGEN SOCIAL DEL ABOGADO: INEQUÍVOCAMENTE POSITIVA José Juan Toharia Presidente de Metroscopia “Y lo primero que haremos será matar a todos los abogados”. La propuesta, que formula Dick el carnicero en el Enrique VI (2ª Parte) shakespearia- no , hizo fortuna y en los cuatro siglos transcurridos desde que por primera vez fuera pronunciada ha sido, sin duda, una de las más utilizadas cada vez que se ha tratado de ilustrar —ciertamente con ro- tundidad— la tradicional mala imagen popular, en todo tiempo y sociedad, de los juristas. No escasean precisamente las citas de este tipo, muchas de ellas surgidas también de ilustres plumas. Pero unas y otras comparten, aquí y ahora, un rasgo común: ya no se corresponden con la realidad, han quedado desfasadas y solo resultan útiles como ejemplos de los estereotipos y clichés sobre el mundo jurídico que durante siglos han poblado nuestro imaginario colectivo. La realidad es más bien que la imagen de los abo- gados en la sociedad española actual es inequívo- camente positiva. Así lo revelan los múltiples datos de opinión disponibles. Para empezar, el 68% de nuestra ciudadanía considera que, en conjunto, la actual Abogacía española tiene un elevado nivel de preparación y competencia profesional. Lo cual, por cierto, explica, que los españoles se muestren tan fuertemente reticentes a cualquier posible cambio en el modo en que ahora está regulado el ingreso en la profesión y su posterior ejercicio. De forma ampliamente mayoritaria (69% frente a 25%) los españoles piensan que si solo fuera preciso contar con la licenciatura en derecho para poder ejercer la Abogacía la actual elevada calidad media de esta disminuiría; y una mayoría aun más contundente (80% frente a 16%) cree que si fuera posible ejercer la Abogacía sin necesidad de colegiación, la desa- parición de actual aval que, a ojos del ciudadano medio, confiere al abogado su integración en un Colegio solo redundaría en perjuicio de las personas más desfavorecidas y con menos recursos (econó- micos y sociales). En otras palabras, para la ciudada- nía las cosas, en este punto, están bien como están, y no solo nadie reclama cambios sino que los que se anuncian producen un claro rechazo. En segundo lugar, ni más ni menos que el 82% de los españoles piensa que nuestros abogados des- empeñan un papel esencial en la defensa de sus derechos y libertades. Conviene considerar un ins- tante lo que esto implica: la centenaria imagen del 1 14_Abogados_Julio 2013 Acto IV, escena II. abogado como enredador nato, contumaz pleitista e irreprimible atizador de desavenencias y discordias ha quedado reemplazada por la de un celador efi- ciente y confiable de lo que como ciudadanos más puede importarnos: nuestros derechos y libertades. La Abogacía, con su permanente implicación y ac- tivismo, a lo largo de estos últimos años, en causas pro bono publico, sin especial relación con sus ex- clusivos intereses profesionales o corporativos (por legítimos, por cierto, que estos sin duda sean) pare- ce así haber sabido transmitir y hacer comprender a nuestra sociedad que su función fundamental consiste en defender y consolidar el interés público precisamente mediante la defensa y salvaguarda de intereses particulares. En tercer lugar, y de forma prácticamente masiva (70% frente a 26%), la población española cree que la existencia de los abogados, tal y como estos aho- ra desempeñan su profesión, permite que se acla- ren y resuelvan pacíficamente situaciones que, de otro modo, podrían derivar en injusticias y violencia. Es decir, existe un claro y amplio reconocimiento a la función profiláctica y sanadora que sobre la con- flictividad social desarrolla la Abogacía. De todas las funciones actuales del abogado precisamen- te esta, con ser con diferencia la más ejercida, es también la peor medida y menos tenida en cuenta por quienes se afanan en cuantificar nuestra vida jurídica y encajarla en parámetros econométricos. Los datos disponibles llevan ya años indicando que aproximadamente tan solo un tercio (o quizá algo menos) de todos los asuntos que llegan a los des- pachos de todos los abogados españoles terminan en litigio ante los tribunales. El resto es reconducido hacia soluciones menos traumáticas y socialmente menos onerosas (en todos los sentidos) mediante el recurso a la transacción, al pacto o al acuerdo. Es esta una labor de orientación y asesoramiento que resulta, sin duda, menos públicamente perceptible que la actividad litigadora pero que, como esta, para ser eficaz (es decir, para inspirar la credibilidad y confianza necesarias) precisa de su mismo sustrato profesional y deontológico y de su mismo respaldo y control colegial. No constituye una faceta segrega- ble de lo que, prototípicamente, cabría definir como el ADN profesional del abogado: le es algo irrenun- ciablemente consustancial y solo quien no entien- da el sentido y la esencia última de esta profesión puede tener dificultades en percibirlo. Por fortuna, no es ese el caso de nuestra ciudadanía. l