Carta del editor LSyCP: líneas rojas y líneas blancas El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que el Gobierno aprobó el pasado 2 de agoSto podía haber sido una oportunidad para modernizar entre todos un sector que, como re- conoció el propio ministro de Economía y Competi- tividad, Luis de Guindos, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, funciona bien, crea riqueza y proporciona empleo de calidad, por encima de otros sectores productivos incluso en la crisis. Es decir, que si se afronta su reforma, se debería hacer de acuerdo con quienes han demostrado ser efi- caces, y no de espaldas a ellos. Y, sobre todo, se de- bería hacer para mejorar lo que funciona bien y no para “poner palos en las ruedas”, para solucionar problemas y no para crearlos. Y, finalmente, lo que se puede hacer con consenso y sin precipitaciones, no se debería hacer bajo urgencias inexistentes. Si el Gobierno no rectifica, habremos perdido una gran oportunidad de modernización y tal vez hagamos que un sector que funcionaba bien, cam- bie a peor. En lo que se refiere a la Abogacía, hay en el anteproyecto de ley incoherencias, confusiones y contradicciones que, sin duda, van a ser negativas para los profesionales y para los ciudadanos. El proceso de gestación de esta norma ha sido intencionadamente confuso. Tanto como sus re- sultados. Muchos de los aspectos que regula la nueva Ley –prohibición de honorarios orientativos, libertad de publicidad, colegiación única, etc.- se aplican ya en la Abogacía desde hace años. Si hay competitividad en algún sector, es en la Abogacía, donde cada abogado se adapta permanentemente a los cambios sociales y económicos, compite en libertad y pelea por cada espacio profesional que considera oportuno. Hay algunas líneas rojas que la Abogacía no puede aceptar. Introducir factores de división entre los aboga- dos que ejercen ante los tribunales y los que tra- bajan por cuenta de terceros supone una ruptura de la profesión de dudosa legalidad, y en todo caso negativa e inaceptable para los abogados y para los ciudadanos. El “control de eficacia” que la Ley plantea sobre los Colegios va mucho más allá del control de le- galidad. Es abusivo, es un sorprendente retorno al pasado, a tiempos antidemocráticos, interfiere peligrosa y negativamente en facultades impres- cindibles e irrenunciables de los Colegios, como son la ordenación del ejercicio profesional y el con- trol deontológico de los profesionales. La eliminación del domicilio profesional único o principal plantea un número exagerado de nuevos problemas –deontológicos, de participación en la vida colegial, de censo, etc.-, o de eficacia del Turno de Oficio, entre otros, y no soluciona ninguno de los existentes. Deja a los Colegios inermes ante la posible inter- vención de la Administración, que puede asumir la gestión de los Colegios y hasta decidir la disolución de la Junta de Gobierno, de acuerdo con conceptos jurídicos indeterminados. Y, finalmente, amenaza con posibles conflictos de competencias con las co- munidades autónomas. Frente a esta realidad, la Abogacía opone el nuevo Estatuto General, discutido durante mucho tiempo y aprobado por unanimidad en el Pleno del Consejo General. Un Estatuto que reafirma el dere- cho de defensa, actualiza el ejercicio de la profe- sión y el régimen deontológico y sancionador, pro- mueve la democracia interna, refuerza la apuesta tecnológica y protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. En resumen, estamos por la transparencia, pero no por la sumisión. Da la sensación de que al Go- bierno le molesta la independencia y la autonomía de los Colegios –que recientemente han dado nuevas muestras de que están claramente posi- cionados no sólo en defensa de legítimos intere- ses corporativos, sino de los derechos básicos de los ciudadanos- y que quieren tenerlos tutelados y bajo un férreo control disciplinario. Reclamamos diálogo a los Ministerios de Economía y de Justicia. No sólo es que la Abogacía tenga el derecho y la obligación de aportar su opinión y su conocimiento en la redacción de textos legales que le afectan, es que puede ayudar a mejorarlos. Y el Gobierno tiene la obligación de escucharnos y querríamos estar seguros de que lo hará. l Septiembre-Octubre 2013_Abogados_3