fundaciónabogacía En defensa de las personas privadas de libertad en la región latinoamericana Mikel Córdoba Gavín L Seminario Regional sobre Defensa Pública y Personas Privadas de Libertad (12 de junio 2013 - La Antigua, Guatemala) a mejora en Latinoamérica de los intereses de las per- sonas privadas de libertad y la oportunidad de que puedan ejercer eficazmente sus derechos, suponen para la Fundación objetivos por los que está traba- jando intensamente en 2013 y continuará haciéndolo el próximo año. El conjunto de acciones emprendidas en este ámbito por la Fundación Abogacía Española se ubican dentro de un proyecto gestionado de manera conjunta con la entidad francesa Justice Cooperation Internationale (JCI) y financiado por la Comisión Euro- pea a través del Programa Eurosocial II. Dicho proyecto cuenta con la colaboración activa y participación di- recta de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y las Defensorías Públicas de los si- guientes países: Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala y Honduras 1 . En términos generales, cabe distinguir en este pro- yecto dos niveles de actuación: Nivel regional (AIDEF), en el que se busca promover una mayor adecuación de las políticas públicas y las prácticas institucionales de los países latinoamerica- nos a los estándares internacionales aplicables en la atención a las personas privadas de libertad. El trabajo que se está desarrollando incluye (i) la revisión y actua- lización de la “Guía para la Defensa Pública y la Protec- ción Integral de los Privados de Libertad” elaborada por AIDEF y (ii) el diseño de una estrategia de difusión de la Guía e incidencia política. Nivel subregional I (Argentina y Chile), en el que se busca mejorar la labor de control y seguimiento de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, incluyendo (i) diseñar y aplicar herramientas de comunicación entre defensores y privados de liber- tad basadas en el sistema de videoconferencia y (ii) diseñar un programa de capacitación destinado a de- fensores. Nivel subregional II (Ecuador, Guatemala, Honduras), en el que se busca fortalecer los servicios de atención a personas privadas de libertad en la fase de ejecución penal, incluyendo (i) diseñar y/o consolidar un modelo de atención integral en materia de ejecución de penas, y (ii) diseñar y aplicar un programa de capacitación di- rigido a operadores jurídicos de las Defensorías. El marco político y programático de toda esta actua- ción es el Plan Estratégico para la implementación de las 100 Reglas de Brasilia de la Asociación Interameri- cana de Defensorías Públicas (AIDEF) y las Resoluciones 2714 y 2656 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estas últimas reconocen expresamente la importancia en Latinoamérica del trabajo desarrollado por las Defensorías Públicas para garantizar el acceso a la justicia como un derecho fun- damental que ampara a la persona privada de libertad a lo largo de todo el proceso, prolongándose hasta la ejecución de la sentencia. Entre los primeros resultados logrados, destaca la adopción formal de la “Guía para la Defensa Pública y la Protección Integral de los Privados de Libertad” el pasado mes de junio. En la misma se establece un cuerpo doctrinal relevante para orientar la actuación de las Defensorías Públicas y los órganos de procura- ción y administración de justicia. De manera adicional, también han sido diseñados nuevos modelos organi- zacionales, funcionales y de gestión en las Defensorías de Ecuador y Guatemala, cuya implantación puede mejorar sustancialmente la labor desarrollada hasta la fecha por los defensores . l Las Defensorías Públicas son organismos públicos que proporcionan asistencia letrada, en materia penal principalmente, a las personas que carecen de abogado por cualquier circunstancia. Dicha asistencia es prestada de forma gratuita cuando el beneficiario de la misma no cuenta con recursos económicos suficientes o cumple con los requisitos determinados por cada Defensoría Pública. 1 60_Abogados_Septiembre-Octubre 2013