Carta del editor De la agresión de las tasas a las nuevas amenazas Todo empezó cuando el ministro de Justicia, re- cién nombrado, dijo ante el Pleno del Consejo Gene- ral de la Abogacía Española que no habría tasas en primera instancia y que, en segunda, en todo caso serían simbólicas y se aplicarían contra las manio- bras dilatorias que encarecen y alargan los procesos. “Con una primera resolución judicial, dijo enton- ces el ministro, debe bastar. Si alguien pide revisión, añadió, que pague. Y si gana, se le devolverán”. Los hechos han demostrado que no cumplió su palabra. Sin diálogo y sin negociación, las tasas se implantaron en primera instancia y en segunda hace un año, sin una memoria económica justifi- cativa y con total imprevisión (ni siquiera estaban preparados los impresos para pagarlas); ante la im- presionante presión social se rectificaron dos me- ses después, de forma torpe e insuficiente; no van a cubrir ni la mitad de las previsiones del Gobierno; y, contra lo prometido y comprometido en la ley, no se vinculan en 2014 “a la asistencia jurídica gratui- ta”, lo que confirma el puro interés recaudatorio de la medida, al igual que la intención de limitar o im- pedir el acceso a la Justicia de los ciudadanos. No se ha buscado penalizar el mal uso o el abuso de la justicia por parte de algunos, en lo que estaba conforme la Abogacía, sino que se ha penalizado el uso de la justicia por los ciudadanos, lo que es un atropello al Estado de Derecho. Durante un año, la Abogacía institucional ha batallado en todos los terrenos posibles y ha im- pulsado cuantas medidas eran factibles. Hasta cinco recursos se han presentado ante el Tribunal Constitucional, además de una cuestión de incons- titucionalidad presentada por la Sala de lo Conten- cioso Administrativo de la Audiencia Nacional y un acuerdo no jurisdiccional de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que ha dinamitado la aplicación de la Ley en ese orden jurisdiccional. Por eso, el presi- dente de la Abogacía Española ha pedido al presi- dente del Tribunal Constitucional que agilice la respuesta porque el daño a los ciudadanos que no hayan podido reclamar sus derechos es muy grave y se acrecienta cada día que pasa. Y eso sin contar con los miles de ciudadanos que ni siquiera se han planteado el recurso por carecer de medios para ello. La Ley de Tasas, un año después, no ha solucio- nado ningún problema de la justicia, ha creado in- numerables injusticias, ha perjudicado seriamente a decenas de miles de ciudadanos y, por el contra- rio, ha beneficiado a los más poderosos y a los más ricos –que pueden pagar las tasas y ejercer presión contra los que carecen de recursos- y a la Adminis- tración, que no paga tasas. Mientras en Francia, a partir de enero de 2014, se eliminan las tasas “porque penalizan a los jus- ticiables más vulnerables”, en España el Gobierno prepara otras acciones que van a limitar aún más el campo de defensa de los ciudadanos o a limitar sus derechos. La Ley de Servicios y Colegios Profesio- nales limita la colegiación de los abogados y el con- trol deontológico de los mismos, al tiempo que pre- tende imponer una tutela, sin duda para impedir su independencia y su capacidad de movilización social demostrada con las tasas. Además, se anuncia que habrá que pagar para que la ejecución de las sentencias sea ágil. Y el an- teproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, entre otros muchos enfoques desafortunados, pone en manos de notarios o registradores el negocio de determinados actos, hasta ahora judiciales –bo- das, divorcios, convocatorias de juntas generales, subastas voluntarias, expedientes de partición de herencias, etc.- por los que también habrá que pagar dos veces: una en los impuestos y otra por cada acto. Como ha dicho Carlos Carnicer en su blog, un año después de aquella mala noticia, de aquel error político que fue la Ley de Tasas, el Estado de Derecho, fruto del pacto constitucional de 1978, está en riesgo de quedar huérfano, nuestra Justicia está más lejos de los ciudadanos y nuestra demo- cracia es hoy menos democracia. l Noviembre 2013_Abogados_3