Actualidad _ Abogacía, jueces, fiscales, secretarios, sindicatos y consumidores apoyan el Manifiesto social ‘Un Año contra las Tasas’ El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, la decana del ICAM, Sonia Gumpert, y representantes de la Plataforma Justicia para Todos, junto con portavoces de la Interasociativa de Jueces y Fiscales y de asociaciones de secretarios judiciales, presentaron en rueda de prensa las concentraciones contra las tasas que se celebraron el 20 noviembre ante las sedes judiciales de toda España, y el Mani- fiesto Social ‘Un año contra las Tasas’: 1. Transcurrido un año desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Tasas se han confirmado los peores augurios sobre su aplicación. 2. La Ley ha privado a muchos miles de ciudada- nos de su fundamental y constitucional derecho a la tutela judicial efectiva. Ha materializado una injusta barrera para el acceso a la justicia, y una considerable brecha en el Estado de Derecho. 3. Nuestros jueces y magistrados han sido privados del conocimiento de cientos de miles de injusticias y quejas del conjunto de los ciudadanos. El imprescin- dible conocimiento de la realidad social ha sido hur- tado a los juzgados y tribunales. 4. No se ha penalizado el mal uso y abuso de la Justicia. Las empresas y los ciudadanos de holgada situación económica no han experimentado ningu- 24_Abogados_Diciembre 2013 na privación de ejecución del derecho, ni del abuso del derecho. No se ha dado solución a los problemas en la concesión a la justicia gratuita. 5. Se ha favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas, exentas del pago de las tasas. 6. El efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por jueces, magistrados, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Ad- ministración de Justicia, obligando al Ministerio de Justicia, al menos, a reconocer en su comparecencia en el Congreso de los Diputados porcentajes muy significativos de reducción de asuntos. 7. No se ha recaudado lo previsto con el estableci- miento de las tasas. La recaudación hasta septiembre ha sido de 103 millones de euros, muy lejos de los 306 millones previstos por el Ministerio para todo el año. 8. El Ministerio ha incumplido su compromiso de que el importe de las tasas se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita. Se desconoce el destino de la recaudación por las tasas. Ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia. Junto a ello debemos denunciar la pésima gestión material de las tasas judiciales caracterizada durante este año por la descoordinación entre el Ministerio de Justicia el de Hacienda, la falta de criterios homogéneos y la inseguridad jurídica, acentuando el perjuicio para los ciudadanos y profesionales. 9. El objetivo de la Ley de Tasas era y es puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la justicia de los ciudadanos. El resultado patente y más pre- ocupante es la liquidación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. 10. La contestación social ha sido unánime. Ade- más, hay cinco recursos de inconstitucionalidad, in- terpuestos por el Gobierno Andaluz, la Generalitat, el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación General Aragón (DGA), y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y de la