To view this page ensure that Adobe Flash Player version
11.1.0 or greater is installed.
informe_
LAS LINEA ROJAS DE
LA JUSTICIA GRATUITA*
Carlos Carnicer
Presidente del
Consejo general
de la Abogacía
española * Este artículo es el
prólogo del presidente
del Consejo General de
la Abogacía Española
al VIII Informe del
Observatorio de la
Justicia Gratuita
12_Abogados_Junio 2014
No es difícil explicar lo que es y lo que no es, lo que
hace y lo que representa el Servicio de Asistencia
Jurídica Gratuita y Turno de Oficio que prestan los
83 Colegios de Abogados de España. No hace falta
mucha literatura, sólo datos. Este VIII Informe del
Observatorio de Justicia Gratuita que elaboran el
Consejo General de la Abogacía Española y la edi-
torial LA LEY está lleno datos y de razones, de argu-
mentos y de propuestas.
No se gasta más, se gasta menos. Desde 2010
el gasto social en Justicia Gratuita –yo prefiero
llamarlo “inversión en paz social” porque es exac-
tamente eso- ha disminuido año tras año. De 266
millones en 2009 a 223 en 2013. Y eso, a pesar de
que, por decisiones gubernamentales y parlamen-
tarias han aumentado los colectivos que pueden
beneficiarse de la Justicia Gratuita. A los ciudada-
nos españoles mantener el modélico sistema de
Asistencia Jurídica Gratuita que desarrollan más
de 42.000 abogados 24 horas al día, 365 días al
año les cuesta menos de 5 euros al año. Y les cues-
ta menos hoy que hace cinco años, aunque han
aumentado los asuntos y los beneficiarios y no se
ha bajado ni un ápice la calidad del servicio que
reciben las personas que lo demandan. Más allá
de los asuntos, de las demandas, de los problemas,
están los seres humanos.
Hay abogados que no cobran por su trabajo
y otros que cobran tarde o que cobran cada vez
menos. Los baremos que cobran los abogados
por atender una asistencia letrada al detenido en
la madrugada de un sábado o un domingo han
bajado en algunos casos hasta un 40 por ciento.
El recorte en el gasto se hace desde años a costa
exclusivamente de los abogados. Aunque las Ad-
ministraciones públicas están obligadas a pagar
todas las facturas a un máximo de treinta días –y
lo hacen a una media de entre 60 y 120 días- hay
Administraciones que pagan el Turno de Oficio
con más de un año de retraso y son los Colegios
de Abogados los que tienen que hacer gravosos
acuerdos con los bancos para poder adelantar ese
dinero. Y, como he dicho, si se deniega el beneficio
de Justicia Gratuita cuando el abogado ya ha rea-
lizado su trabajo, el abogado no cobra. Como si no
hubiera trabajado. Es injusto, muy injusto.
No baja la calidad, no hay apenas quejas, no hay
abusos significativos. Muchos Colegios de Aboga-
dos disponen de Formularios de Control de cali-
dad que cumplimentan los usuarios del Servicio.
Además, permanentemente, bien a través del In-
forme Anual de este Observatorio, bien en los Ba-
rómetros de Opinión que realiza periódicamente
el propio Consejo, se analiza su valoración por los
usuarios y también por los abogados. Pero si quie-
ren un instrumento externo de valoración, ajeno a
la Abogacía, tenemos la Memoria del Defensor del
Pueblo. En la de 2013, las quejas sobre la Justicia
son el tercer capítulo más importante después de
la función y empleo públicos y la actividad econó-
mica. Incluso el segundo, si le sumamos las que
están contabilizadas en capítulos como Registro
Civil, tráfico y seguridad vial o ciudadanía segu-
ridad pública. En total son entre 2.200 y 4.000
quejas más o menos. Son más que por la sanidad,
la política social, la seguridad social, la vivienda,
la educación o el urbanismo. A los ciudadanos les
preocupa la mala calidad de la Justicia. Al parecer,
más que a los políticos.
¿Saben cuántas quejas ha habido por la presta-
ción del servicio público de Justicia Gratuita? Sólo
65, tres más que el año anterior.
Pero, además, más del 90 por ciento de las solici-
tudes de Justicia Gratuita que presentan los Cole-
gios, se confirman por las Comisiones de Asisten-
cia Jurídica Gratuita, lo que viene a confirmar que
no resultan ciertos los excesivos abusos o intentos
de abusos por parte de ciudadanos con los que se
pretende justificar el proyecto de Ley de Asistencia
Jurídica Gratuita.
Sí hay un modelo que funciona. Y que lo hace de
forma eficiente. La puesta en marcha por la Abo-
gacía, a costa de las cuotas de los colegiados, del
Expediente Electrónico de Justicia Gratuita agiliza
la tramitación y evita molestias, desplazamientos
y pérdida de tiempo a los ciudadanos y a los fun-
cionarios. Y, sobre todo, hace mucho más difícil el
fraude. En 2013 se han atendido por este proce-
dimiento las demandas de 525.000 ciudadanos.
Es decir, uno de cada dos expedientes de Justicia
Gratuita se ha tramitado por el procedimiento
electrónico. Seguramente es el único expediente
electrónico en la Justicia que funciona como debe.
No se ha recaudado más y no se ha dedicado el di-
nero de las tasas a la Justicia Gratuita. Habría que
preguntarse por qué se quiere recaudar más si el
servicio de Justicia Gratuita cuesta menos cada
año desde 2010. Pero incluso olvidando eso, contra