OPINIÓN_ GOBERNAR DESDE LA DESCONFIANZA Artículo publicado el 23 de julio de 2014 en El País CARLOS CARNICER DÍEZ Presidente del Consejo General de la Abogacía 14_Abogados_Septiembre 2014 ¿ES POSIBLE GOBERNAR desde la desconfianza y la ausencia de diálogo serio? En los últimos tiempos, en el mundo de la justicia y de los Ser- vicios y Colegios Profesionales, que es el que me- jor conozco, el Gobierno viene haciendo ambas cosas. Sospecha de los ciudadanos que plantean tres pleitos en un año y les obliga a volver a de- mostrar que son pobres de necesidad. No pien- sa que, en estos tiempos de crisis, un ciudada- no puede ser despedido y tener que reclamar sus salarios, que puede tener problemas para pagar su comunidad de vecinos y ser deman- dado o divorciarse o recibir una multa. Más de tres peticiones de justicia gratuita en un año son suficientes para que se encienda la luz roja y conviertan al ciudadano en un peligroso sos- pechoso de abuso. Es como si un ciudadano que acude cinco veces al médico en un año, aunque tenga un cáncer, tuviera que demostrar que se va a morir. Además, si el pleito dura más de un año, aun- que la culpa sea de la Administración de justicia, o si recurres una sentencia, también tienes que volver a solicitar el beneficio de justicia gratuita. Cornudos y apaleados. Y a los abogados de ofi- cio, a dos euros la hora, se les paga con un año de retraso. O no se les paga porque aunque han hecho su tarea, su defendido no alcanza el bene- ficio de justicia gratuita, y ellos no cobran. Y no pasa nada. Contra el proyecto de ley de justicia gratuita, actualmente en trámite parlamentario, y en de- fensa de los derechos de los ciudadanos y de la dignidad de los abogados, se manifiesta unáni- memente la abogacía. Este proyecto es un grave error que traspasa las líneas rojas del derecho de defensa y que pone en riesgo un modelo que funciona y que da respaldo a los más desfavore- cidos, gracias al trabajo de los abogados de ofi- cio y de los 83 colegios de abogados. ¿Debe un Estado de derecho, en el que el acceso universal a la justicia es un pilar esencial e indispensable para su supervivencia, dificultar el acceso de quienes lo necesitan imperiosamente, maltratar a quienes hacen de la defensa de los derechos de los ciudadanos su profesión e incluso su ra- zón de vida y burocratizar uno de los servicios que mejor funciona? En el caso de los colegios profesionales, lo mis- mo. Sospechan de ellos y les regulan sin diálogo. Cobran mucho —dicen—, dan pocos servicios — aunque ignoran qué servicios dan—, se les po- nen nuevas obligaciones, se aumentan los trá- mites burocráticos y se reducen sus ingresos, de forma que, en muchos casos, no puedan hacer frente a sus funciones. Y entonces la Administra- ción se reserva el derecho de disolver la Junta de Gobierno y convocar nuevas elecciones. La fuerte campaña de intoxicación que la Ad- ministración ha puesto en marcha contra los colegios profesionales es un desatino que va a tener consecuencias. Mientras ellos no presen- tan una memoria económica razonada, nosotros sí podemos probar que si la ley se aprueba como está hoy casi en la mesa del Consejo de Minis- tros, se perderán entre 4.000 y 10.000 puestos de trabajo. Podemos probar que la fijación de unas cuotas máximas de 240 euros por colegiado y año para todas las profesiones, para todos los colegios, hagan lo que hagan, tengan las obligaciones que tengan y presten los servicios que presten, están basadas en cálculos económicos y estadís- ticos erróneos y van a provocar la desaparición de muchos de esos colegios, con perjuicios a los profesionales, pero también a los ciudadanos a los que el Gobierno dice querer defender. ¿Se puede emprender reformas de fondo sin diálogo serio con los afectados? Se puede, claro, pero también se ha demostrado que esas refor- mas acaban sin entrar en vigor o son cambiadas por el Gobierno siguiente, aunque el daño rea- lizado no pueda ser evitado en su totalidad. Es cierto que ha habido muchas reuniones entre el Ministerio de Economía y los distintos colegios profesionales. Pero eso no quiere decir que haya habido diálogo. Ni siquiera que se hayan escu- chado, y no digo ya tenido en cuenta, las opinio- nes de los colegios. Aunque hubiera habido 10 veces más reuniones, el resultado habría sido el mismo: las decisiones ya estaban tomadas des- de el desconocimiento de la realidad.