OPINIÓN_ LA PRISION Y EL MIEDO: EL ENCIERRO DE LA ENFERMEDAD MENTAL LOURDES BARÓN JAQUÉS Letrada. Coordinadora del Servicio de Orientación Penitenciaria del ReICAZ. Vocal de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía 36_Abogados_Noviembre 2014 El miedo es más temible cuando es difuso, dis- perso, poco claro; cuando flota libre, sin vínculos, sin anclas, sin hogar ni causa nítidos; cuando nos ronda sin ton ni son; cuando la amenaza que de- beríamos temer puede ser entrevista en todas partes, pero resulta imposible de ver en ningún lugar concreto. Miedo es el nombre que damos a nuestra incertidumbre: a nuestra ignorancia con respecto a la amenaza y a lo que hay que hacer -a lo que puede y no puede hacerse-  para detenerla en seco, o para combatirla, si pararla es algo que está ya más allá de nuestro alcance. Z. Bauman TRADICIONALMENTE, hasta las sociedades más desarrolladas han encerrado a aquellas personas que les ha generado miedo. También a aquellos que no comprendían, teniendo en cuenta los parámetros socio-culturales imperantes. Como dice Bauman, el miedo es más temible cuando es libre, acotarlo, ponerle barreras y muros, ence- rrarlo, lo convierte en llevadero. Nuestra sociedad del siglo XXI no ha dejado de temer a la enfermedad mental, la incomprensión ante ella sigue patente. De no ser así la respuesta ante el delito cometido por una persona con la conciencia y la voluntad alteradas sería otra bien distinta y ajena a la prisión. El sistema sanitario del estado español, tras el cierre de los manicomios, ha sido incapaz de integrar en redes de rehabilitación eficaces a los enfermos mentales graves, tampoco ha podido “prevenir la emergencia de miles de locos que si bien nunca pasaron por el manicomio y muy de refilón por consultas siquiátricas reaparecen entre los sin techo (más de la mitad de los fre- cuentadores de albergues padecen trastornos mentales), los alcohólicos, los marginales y natu- ralmente entre (…) los presos” (1) Así, el fracaso del tejido social y de los recur- sos socio-sanitarios desencadena un circuito que si pasa por el delito, en la mayoría de los casos acaba entre rejas. La misma institución peniten- ciaria reconoce que “en ocasiones, la prisión se utiliza como un recurso de carácter asistencial para estas personas, que no han sido tratadas y controladas en su vida en libertad”. Así, la prisión se convierte en el lugar final en el que almacenar a muchas personas aquejadas de enfermedad mental, “ante las deficiencias de las políticas pre- ventivas o de los dispositivos asistenciales comu- nitarios que, en general, deberían ser los utiliza- dos como de primera elección” (2). Resulta complejo encontrar datos actualizados sobre enfermos mentales en prisión. El Informe General de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sobre 2012, redactado en 2013, no contempla estadísticas sobre el total de los en- fermos mentales ingresados en prisión. Es curio- so ver que sí recoge las altas de internos en hos- pitales psiquiátricos (por trastornos mentales, 154), pero no el número de los “tratados” en sus muros. Sí se valora el porcentaje de presos que, según el Estudio sobre Salud Mental realizado por la Institución Penitenciaria en 2006 (2) y el Estudio PRECA de 2009 (3), padece tras­tornos mentales inducidos por consumo de sustancias, manifestando que se encuentra entre el 8,8% y el 12,1% de los internos, destacando los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo y los trastornos psicóticos. ALTA PREVALENCIA La Guía de Atención Primaria de Salud Mental en prisión (4), señalaba en 2011, que en los dos años anteriores, teniendo en cuenta las más de 75.000 personas que estuvieron ingresadas en el siste- ma penitenciario español, la prevalencia de en- fermedad mental entre los reclusos era muy alta, entre el 25 y el 40% presenta algún trastorno mental, entre el 4 y el 6% un proceso mental gra- ve y entre el 30 y el 50% un trastorno relacionado con el consumo de drogas. La patología dual, la combinación de enfermedad mental y adicción a drogas, estaba presente en una proporción de internos que se sitúa entre el 20 y 30% del total. La gran mayoría de estos enfermos pertenecen a grupos sociales de alta vulnerabilidad, debido a