Carta del editor DESPUÉS DE VITORIA: LOS PACTOS (TAMBIÉN EL DE LA JUSTICIA) “SÓLO CON INNOVACIÓN podremos mirar al fu- turo”. Esa puede ser una de las conclusiones del reciente XI Congreso Nacional de la Abogacía, ce- lebrado en Vitoria con gran éxito. Se reafirman los valores intrínsecos de la Abogacía, se confirma la exigencia de una regulación expresa del derecho de Defensa y se abre la puerta a una época nue- va y fascinante, marcada por una revolución tec- nológica y científica que va a afectar a todos los desarrollos de las personas y sus derechos, de las empresas, de las instituciones y de los negocios, las áreas en las que desarrollamos preferentemente nuestra profesión. Es evidente que hay riesgos y que desde algunos centros políticos de poder y de influencia se está favoreciendo una globalización perversa que pone en riesgo la libertad de decisión de los Estados y de los ciudadanos y, también, tratando de debilitar a la Abogacía, y lo que ella representa como defensa de los derechos fundamentales de los individuos, desregularizándola y sometiendo sus valores a un puro interés mercantilista. Pero, también por eso, es tiempo de oportunidades para todos nosotros. La nueva sociedad es un reto de enormes dimen- siones para el mundo jurídico, para recuperar el protagonismo que el Derecho debe de tener en la consolidación y protección de los derechos básicos. La Abogacía sólo puede afrontar este enorme reto, como también se puso de manifiesto en Vi- toria, fortaleciendo su formación, buscando y pro- moviendo la excelencia, favoreciendo la especiali- zación y contribuyendo a diseñar estructuras que tengan en sus cimientos el objetivo de proteger los derechos de las personas. En el panorama nacional, también hay retos encima de la mesa. Las principales leyes que ame- nazaban a la Abogacía –y a los ciudadanos-, han vuelto a guardarse en el cajón, gracias a la presión que hemos ejercido y a las razones de nuestros planteamientos. Pero es previsible que, dentro de algún tiempo, vuelvan a salir a la luz. No cejaremos en el empeño de garantizar, como es nuestra obli- gación, que quien defienda a un ciudadano esté suficientemente preparado para ello. Estamos viviendo tiempos complejos y compli- cados en la política. Seguramente lo serán más aún tras las elecciones generales dentro de sólo unos meses. Los políticos deberían ser prudentes y generosos a la hora de hacer leyes apresuradas y sin el consenso suficiente, que, pocos meses des- pués pueden ser revocadas, creando una innece- saria inseguridad jurídica. Desde la Abogacía ve- nimos reclamando diálogo, negociación y acuerdo de todos los sectores jurídicos implicados y de los partidos a la hora de emprender cambios legislati- vos de fondo. Y un Pacto por la Justicia que aporte, por fin, a ésta los medios necesarios para garan- tizar su eficiencia y para la eficaz defensa de los derechos de los ciudadanos. Decía recientemente en su blog, el presidente del Consejo, Carlos Carnicer que “hay que acabar con el desinterés de la clase política, al mismo tiempo que con la imagen de esos juzgados dig- nos del tercer mundo; con una Justicia todavía de papel, digna del siglo XIX; con las barreras que impiden el acceso de las pymes a la Justicia; con unos juicios que tardan años en celebrarse y que se suspenden o aplazan sin motivo; con el hecho de que los abogados o los fiscales tengan plazos para presentar sus recursos o alegaciones y los jueces puedan tardar meses en dictar una sentencia; con el desamparo, la desconfianza o la desprotección de los ciudadanos; con la situa- ción de los abogados de oficio cobrando dos eu- ros por cada hora trabajada… La Justicia, que ha sido siempre la cenicienta en los Presupuestos Generales del Estado, la asignatura pendiente de casi todos los Gobiernos, la que nadie atendía porque ni daba ni restaba votos, tiene que ocupar el lugar que exige un Estado de Derecho y una democracia sólidos. Ningún Gobierno, ni el cen- tral ni los autonómicos, han puestos los medios necesarios para que funcionara. Hasta ahora” Todo lo que no se haga así, está condenado a desaparecer. Pero esos errores no los pagarán quienes los han cometido sino la ciudadanía, en nombre de la cual se debería hacer e impartir justicia. l Junio 2015_Abogados_3