FUNDACIÓNABOGACÍA LA FUNDACIÓN IMPULSA EL ACCESO A LA JUSTICIA DE MUJERES PRESAS EN AMÉRICA LATINA Por Macarena Eseverri Aznar E ste año en la Fundación, dentro del marco de nuestro trabajo como Socio Operativo del Sector Justicia del Programa EUROsociAL II, estamos trabajando principalmente en el Acceso a la Justicia de mujeres privadas de libertad en Amé- rica Latina. En un porcentaje elevado suelen ser mujeres extranjeras y en algunos países los datos indican el aumento en los últimos años de muje- res de nacionalidad española, como consecuencia de la crisis económica en España. La mayor parte de las mujeres en prisión lo están por haber come- tido delitos relacionados con el tráfico de drogas. El perfil habitual es el de una mujer de mediana edad, soltera o separada con hijos a su cargo, sin antecedentes penales y con una situación econó- mica grave. Hay países en dónde a estas mujeres, generalmente “mulas”, se les aplica los mismos ti- pos delictivos previstos para los narcotraficantes, con penas de prisión incluso superiores a los diez años (con independencia de la cantidad de droga incautada, así como de otros criterios). Desde la Fundación trabajamos en el fortale- cimiento de las Defensorías Públicas a través de la sensibilización y formación a los defensores y defensoras públicos, en materia de ejecución de la pena y de monitoreo de derechos humanos en las prisiones. Los defensores públicos son quienes ofrecen la asistencia jurídica gratuita a las muje- res presas sin recursos económicos, por lo que en la medida en que éstos hagan mejor su trabajo, las mujeres estarán más cerca de poder acceder a la justicia y a que se vean reconocidos sus dere- chos. En el caso de las mujeres extranjeras, la asis- tencia legal por parte de los defensores públicos requiere una formación extra para saber solicitar medidas como el traslado al país de origen o be- neficios penitenciarios específicos. Por desgracia, y como suele ocurrir en la ma- yor parte de sistemas penitenciarios del resto del mundo, la asistencia legal ofrecida durante el tiempo de ejecución de la pena, dista bastante de ser la mejor de las posibles. Si tenemos en cuenta el agravio emocional que implica encontrarse sola 72_Abogados_Junio 2015 en un país desconocido, la sensación de insegu- ridad y aislamiento aumenta considerablemente. En la misma línea de trabajo y como objetivo complementario, acompañamos a las Defensorías Públicas en su rol de promotoras de cambios legis- lativos en las leyes de Tráfico de Estupefacientes, por ejemplo para que se incluyan criterios de géne- ro y de proporcionalidad en la determinación de las penas. Es imprescindible que los distintos actores jurídicos (abogados, jueces, fiscales, peritos) com- prendamos que en muchas ocasiones esas muje- res han sido engañadas, extorsionadas o incluso víctimas de trata. Son el último eslabón de una ca- dena muy poderosa y sin embargo son ellas las que asumen las penas de prisión durante años a miles de kilómetros de sus casas. Para evitar más realida- des injustas es necesario que los actores jurídicos sepamos cómo formular las preguntas a una per- sona bloqueada por las amenazas y el miedo, como interpretar sus respuestas, y como contextualizar el hecho en la realidad vivida por cada mujer. A lo largo de todo este año, desde la Fundación vamos a continuar trabajando con las Defenso- rías Públicas de Argentina, Chile, Guatemala, Perú, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Paraguay en materia de justicia de género y en defensa de los derechos de las mujeres privadas de libertad, al amparo de las Reglas de Bangkok. A nivel regional colaboramos con la AIDEF (Asociación Interame- ricana de Defensorías Públicas), en la elaboración de un Manual Regional sobre los derechos de las mujeres privadas de libertad, desde el enfoque de la Defensa Pública; un Manual que servirá de marco legal en la materia a todos los defensores y defensoras públicos de la región. La experiencia de nuestro trabajo nos dice que algunas de las consecuencias más traumáticas de la crisis en España la están sufriendo muchos españoles y españolas presos en cárceles de Amé- rica Latina y que por muy desesperada que sea la situación de una persona, la opción de trans- portar droga suele terminar siendo la peor de las posibles. l