ELECCIONES 20-N_ LO QUE PROPONEN LOS PARTIDOS LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS SOBRE JUSTICIA PARA LA PRÓXIMA LEGISLATURA La revista “Abogados” solicitó a todos los partidos con representación parlamentaria, más las dos formaciones con más posibilidades de conseguir un número significativo de escaños, que adelan� taran sus propuestas en materia de Justicia para la próxima legislatura. En algunos casos no dispo� n�������������������������������������������������� ían����������������������������������������������� , al cierre de esta edición, del programa elec� toral cerrado. En otros, como el del Partido Popu� lar, remitieron un balance de los logros durante los cuatro años de gobierno. Estas son las respuestas. Para una información más amplia –con balance de legislatura en algunos casos- pueden consultar la página www.abogacia.es PP: UNA JUSTICIA MODERNA, RÁPIDA Y EFICAZ La legislatura que toca ahora a su fin ha sido es- pecialmente fructífera en el campo de la Justicia. El gobierno del Partido Popular, consciente de la necesidad de una justicia rápida y eficaz que asegure los derechos de todos los españoles, ha realizado a lo largo de estos cuatro años una in- tensa labor legislativa que ha introducido impor- tantes innovaciones que, en conjunto, supondrán una importante mejora en el funcionamiento de nuestro sistema judicial. Una de las medidas más importantes ha sido la reforma del Código Penal, que ha revisado el tratamiento o la definición de numerosos delitos que preocupan especialmente a la ciudadanía. Así, se ha introducido la prisión permanente re- visable para los delitos que, como el terrorismo, 12_Abogados_Noviembre 2015 revisten especial gravedad; se ha creado el delito de financiación ilegal de partidos políticos; se ha reforzado la protección de los menores frente a los delitos sexuales y se han introducido mejoras en la persecución de delincuentes reincidentes. Esta reforma, que ha sido definida como la más profunda de las experimentadas por el Código Penal, se ha visto complementada por la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, elaborada para garantizar la protección de los de- rechos fundamentales en situaciones en la que, a menudo, se veían comprometidos. Se regulan mejor las actuaciones policiales, explicitando los derechos y deberes de ciudadanos y agentes en estos casos; se tratan acciones como la ocupación de inmuebles, las concentraciones para impedir a las autoridades el ejercicio legítimo de sus fun- ciones o los disturbios e infracciones que pueden producirse en las manifestaciones y se refuerza la lucha contra el tráfico de droga. Junto a la revisión de los tipos penales, el go- bierno también ha querido revisar el proceso de enjuiciamiento criminal, con el fin de que sea más ágil y eficaz, manteniendo siempre las im- prescindibles garantías jurídicas. Para evitar que la instrucción de las causas se eternice, la ley fija un periodo ordinario de instrucción de seis meses para las causas sencillas y de 18 para las comple- jas, que podrá alargarse excepcionalmente hasta un máximo de tres años, y facilita la separación en diversas piezas de las “macrocausas”. Además, la reforma prevé nuevos medios para llevar a cabo la investigación de delitos tecnológicos y la adop- ción de medidas para evitar la llamada “pena de telediario”, que vulnera los derechos constitucio- nales de los encausados. Por último, gracias a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se creará una segunda instancia penal para revisar las sentencias dictadas tanto por las audiencias provinciales como por la Audiencia Nacional. En paralelo a esta actualización, el Gobierno también ha reformado la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una de las modificaciones más importantes será la relativa a la utilización de medios electró- nicos, que se convertirán en la forma habitual de comunicación entre los órganos judiciales y de notificación a las partes del proceso. También se abre la puerta a la participación de los graduados sociales en los procedimientos laborales y de se- guridad social y se amplía la cobertura de la asis- tencia jurídica gratuita. En conjunto, todo esto permite hacerse una bue- na idea del interés del Partido Popular por introdu- cir reformas en el sector de la justicia y asegurar la garantía judicial de los derechos de todos. Es un