To view this page ensure that Adobe Flash Player version
11.1.0 or greater is installed.
PORTADA_ BALANCE DE LA X LEGISLATURA: 245 LEYES PROMULGADAS
CATALÁ IMPULSA 23 LEYES
EN 13 MESES; GALLARDÓN, 25
EN TRES AÑOS
Texto_Julio Fernández López _editor de www.parlamenta.es
SI SE EXCLUYE la batalla descomunal contra la
crisis económica y el proceso soberanista en Ca-
taluña, la Justicia ha sido una de las piedras más
molestas en el zapato del Gobierno de Mariano
Rajoy durante la X Legislatura.
La llegada de Rafael Catalá al caserón de la calle
de San Bernardo, en septiembre de 2014, tras la
retirada del proyecto de ley de aborto ordenada
por Rajoy, supuso un giro de moderación en el
Ministerio de Justicia. El nuevo ministro orientó
sus esfuerzos a recomponer las relaciones con los
sectores profesionales irritados por las decisiones
que el equipo de Alberto Ruiz Gallardón había
impuesto durante los tres años anteriores sin es-
cucharles. Pero no ha terminado de conseguirlo.
Rafael Catalá retiró inmediatamente las tasas
judiciales como prenda del acuerdo que se com-
prometió alcanzar con todos los sectores de la
Administración de Justicia: abogados, jueces, fis-
cales, registradores, notarios, secretarios, procura-
dores y comunidades autónomas.
El antiguo secretario de Estado del Ministerio
con los gobiernos de Aznar era posiblemente la
persona idónea para afrontar esa tarea: conocía
los problemas desde dentro y al máximo nivel;
contaba con un nuevo bagaje de gestión econó-
mica como secretario de Estado de Infraestructu-
ras en el Ministerio de Fomento; y disfrutaba de
hilo directo con la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría.
En menos de un año, Catalá ha logrado recon-
vertir el programa legislativo enviado a las Cortes
por su antecesor e impulsar nuevos objetivos
políticos: avanzar en la implantación de la Justi-
cia digital, reorganizar la administración judicial,
moderar las reformas procesales y responder con
firmeza al desafío soberanista catalán.
El nuevo ministro ha contribuido a la intensi-
dad legislativa de este final de Legislatura mucho
más de lo que cabía esperar de un equipo recién
llegado. Catalá ha dirigido o participado en la
aprobación de 12 de las 16 leyes orgánicas, 9 de las
48 leyes ordinarias y 2 de los 11 decretos-leyes pro-
mulgados hasta la disolución de las Cámaras y la
convocatoria de las elecciones del 20 de diciem-
16_Abogados_Noviembre 2015
bre. En total, 23 normas con rango legal frente a
las 25 que protagonizó su antecesor en los tres
años anteriores.
La X Legislatura ha acabado con 245 leyes pro-
mulgadas: 41 de carácter orgánico, 128 ordinarias
y 76 decretos-leyes hasta el día de la disolución de
las Cámaras. El Ministerio de Justicia ha partici-
pado en 19 de las 41 leyes orgánicas promulgadas
en la Legislatura (46%). Y ha sido protagonista en
17 leyes ordinarias y 7 decretos-leyes, dos de ellos
tramitados después como proyectos de ley. En
total, ha patrocinado unas 45 normas con rango
de ley. Además, ha intervenido en la redacción del
Texto refundido de los derechos de las personas
con discapacidad, uno de los nueve decretos le-
gislativos sancionados en estos cuatro años.
El giro político no ha afectado de la misma
forma a las leyes en las que Justicia comparte
responsabilidad con otros ministerios. La Ley Or-
gánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se mo-
difica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviem-
bre, del Código Penal, refuerza las penas de los
delitos más graves y despenaliza los más leves,
las faltas, que pasan a considerarse infracciones
administrativas. El nuevo Código está marcado por la implanta-
ción de la prisión permanente revisable, que sus-
cita gran debate doctrinal, aunque se acompaña
de medidas de refuerzo contra los delitos de co-
rrupción, incitación al odio y la violencia.
Esta ley orgánica se promulgaba el mismo día
que la Ley 2/2015, que modificaba el mismo códi-
go para tipificar los nuevos delitos de terrorismo
individual y suicida y de menosprecio o humi-
llación de las víctimas, fruto del pacto contra el
yihadismo que el Gobierno había firmado con el
Partido Socialista en forma de proposición de ley.
La pugna entre seguridad y derechos afloró de
forma nítida en la tramitación parlamentaria de
la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protec-
ción de la seguridad ciudadana. El ministerio del
Interior presentó a través del Grupo Parlamenta-
rio Popular del Congreso una enmienda para re-
gular el “rechazo” de los inmigrantes en las fron-
teras de Ceuta y Melilla, corregida parcialmente