Carta del editor LA ABOGACÍA ANTE LAS ELECCIONES LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS legitima los procesos políticos, pero las elecciones genera- les del 20D necesitan, quizás más que nunca, la le- gitimación activa y expresa de todos los ciudada- nos. Y la Abogacía institucional la reclama desde esta tribuna. Son unas elecciones trascendentales porque en ellas está en juego, además de qué partido o coali- ción de partidos formará Gobierno para los próxi- mos cuatro años, otros asuntos de la máxima rele- vancia como el modelo de Estado y la ya necesaria reforma de la Constitución, que nos afectan a to- dos de manera directa y plena. A la indudable crisis institucional hay que sumar la económica, aún no superada cuando hay más de cuatro millones de españoles que no encuen- tran empleo y de cientos de miles de familias en las que ningún miembro recibe un salario; la de la confianza de los ciudadanos en sus re- presentantes, por asuntos como la corrupción o la falta de transparencia; la inacabada reforma de la Administración; el sistema de financiación autonómica y de los partidos; la llegada de los refugiados que esta sociedad debe contribuir a integrar solidariamente, etc. Si nos referimos a la Justicia, las 245 leyes apro- badas, sí, 245, en la Legislatura que termina –y el anuncio de muchos partidos de que dero- garán muchas de ellas y cambiarán otras-, así como la implantación de Lexnet el 1 de enero de 2016, con la consiguiente revolución que su- pone, anuncian un marco poco estable que en nada contribuye a crear confianza y seguridad jurídica entre los actores de la Justicia y quie- nes la demandan. Los ciudadanos, igual que los abogados, a los que Metroscopia ha preguntado mediante dos Barómetros de Opinión, coinciden casi de forma unánime en reclamar una Justicia ágil y eficiente al servicio de los ciudadanos –hoy estamos todavía lejos- y un Pacto de Estado que blinde la Justicia frente a intereses partidistas y cambios permanentes. No podemos cambiar las reglas de juego cada cuatro años o realizar, como ha sucedido en esta Legislatura- que una Ley como la de Enjuiciamiento Civil se reforme en 22 ocasiones. O que se haya recurrido al real decreto-ley en 76 ocasiones, obviando el trámi- te de debate y mejora parlamentaria. O que la mala praxis legislativa –sobre la que en este nú- mero iniciamos una serie de artículos- nos lleve a introducir reformas de tapadillo en leyes que no tienen nada que ver con la materia que se legisla, en dictar normas a golpe de telediario o para “favorecer a los amigos” o a escribirlas, en la mayor parte de los casos, de forma que ni sean legibles ni puedan entenderse. Es preocupante que un 60 por ciento de los espa- ñoles piense que la situación del Estado de Dere- cho en España es peor que el que se da en países de nuestro entorno. Y que esa opinión negativa haya crecido seis puntos en los últimos cuatro años y nada menos que treinta puntos en los úl- timos siete años. Algo debe hacer la sociedad civil para exigir que se recupere esa confianza Si la Política y la Justicia quieren recuperar la con- fianza de los ciudadanos, tendrán que cambiar muchas cosas. Pero sólo hay un camino para ha- cerlas de forma que sea efectiva: mediante el diá- logo con los sectores afectados. En nuestro caso, mediante el diálogo con los actores jurídicos, en- tre los que la Abogacía puede aportar, lo ha hecho siempre, ideas, iniciativas, sentido común, lealtad con el Estado y capacidad de encontrar caminos de consenso. Y también con los ciudadanos a tra- vés de sus legítimos representantes. Los tiempos de turbulencia deben ser también tiempos de esperanza, de consenso, de solidaridad y, sobre todo, de Justicia. Ese es el compromiso. l Noviembre 2015_Abogados_3