Carta del editor LA JUSTICIA COMO PRIORIDAD, LOS DERECHOS HUMANOS COMO EXIGENCIA CUANDO ESTE NÚMERO DE ABOGADOS llegue a sus manos, ya conoceremos los resultados de las segun- das elecciones celebradas en seis meses. Al cierre, los sondeos indicaban que la situación no iba a cambiar demasiado y que sería necesario un esfuerzo de gene- rosidad para formar Gobierno. Incluso algunos líderes políticos hablaban de la posibilidad de unas terceras elecciones. La Abogacía cree que los problemas por resolver y las reformas a realizar son tan importantes que los líderes políticos están obligados a alcanzar un pacto que genere un Gobierno estable que asuma el compromiso de llegar a acuerdos también estables, por encima de los intereses partidistas y con la mira puesta en las personas, en los ciudadanos. En el terreno de la Justicia, el Pacto de Estado lo de- fienden todos los partidos en sus programas electora- les. No era así hace poco tiempo, pero ahora, todos los partidos coinciden en el diagnóstico –con matices ló- gicos- y algo menos en las soluciones. Todos asumen que no hay posibilidad de reformar la Justicia si no es mediante un pacto que suponga renuncias, genero- sidad y respeto de todos. Y un poco de imaginación. Todo eso se puso de manifiesto en el debate sobre la Justicia organizado por el Consejo General de la Abo- gacía Española –también en el Colegio de Abogados de Sevilla y en algún otro foro-. Brilló por su ausencia en el debate a 4 en TV de los grandes líderes. Ni un minuto para la Justicia. La Abogacía, que se ha ofreci- do a liderar ese pacto, ha pasado ya de las palabras a los hechos. Estamos trabajando con las asociaciones judiciales y con las de fiscales para elaborar una pro- puesta de reforma de la Justicia que haremos exten- sible al resto de operadores jurídicos, a los sindicatos y a las organizaciones de consumidores y que presenta- remos en septiembre al nuevo Gobierno. Junto al Pacto de Estado por la Justicia, vamos a pedir al nuevo Gobierno una lucha decidida jurídica, social y educativa contra la corrupción y una política res- ponsable para la tragedia de la inmigración. Acerca de este tema, la presidenta del Consejo, Victoria Orte- ga, tuvo ocasión de intervenir en Naciones Unidas –la primera vez que lo hace un presidente de todos los abogados españoles-, dentro del marco de la Cumbre de Presidentes de Colegios de Abogados de la Unión Internacional de Abogados (UIA). Allí, como en Espa- ña, criticó el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía “por vulnerar la legalidad internacional”, así como las “devoluciones en caliente” y algunos aspectos de la Ley de Seguridad Ciudadana “que han provocado un grave retroceso, privando a las personas de las más elementales garantías formales y materiales, entre ellas, los principios de audiencia y contradicción, la asistencia letrada y el derecho de acceso a la jurisdic- ción”. El compromiso de la Abogacía con los Derechos Humanos es absoluto y profundo. Vamos a exigir, también, que se mantenga el actual sistema de Justicia Gratuita, garantizando su calidad y dotándolo de los medios necesarios, lo que incluye una compensación digna, puntual y garantizada por el Estado para los abogados que lo prestan. Reiteramos nuestra petición de una Ley Orgánica de la Defensa. Hemos presentado hace meses al Gobier- no un proyecto de ley en este sentido y volveremos a hacerlo en cuanto se constituya el nuevo Gobierno. Demandamos más medios humanos y materiales para la Administración de Justicia, impulsar definiti- vamente y con rigor el uso de las nuevas tecnologías y la imprescindible interoperabilidad entre sistemas. Quien gobierne está obligado a recuperar la confian- za de los ciudadanos en un sistema de Justicia eficaz, neutral y previsible, verdaderamente independiente de los otros poderes del Estado. No es difícil conseguirlo. Basta con establecer un marco de diálogo estable y fluido entre los pre-legis- ladores y los operadores jurídicos que permita dis- cutir, negociar y consensuar los distintos proyectos legislativos, la organización general de la Justicia y los servicios públicos profesionales desarrollados por los abogados en España. Si queremos avanzar en la consecución de una Justicia eficaz, ágil e igualitaria, es indispensable escuchar a los profesionales de la Justicia. Sin abogados, no hay justicia. l Junio 2016_Abogados_3