Los abogados tenemos un papel esencial en la Justicia porque somos el primer intérprete de la norma y encauzamos la resolución de conflictos a través del Derecho. Nuestra profesión tiene el mandato constitucional de salvaguardar de los derechos y libertades fundamentales y hacer efectivo el Derecho de Defensa, lo que nos convierte en un sólido pilar de nuestro Estado de Derecho.
Es oportuno recordarlo en vísperas de la próxima celebración en Bilbao de las XII Jornadas de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia, una oportunidad, también, para recordar el 40 aniversario de nuestra Constitución. Muchos abogados y abogadas, desde su escaño en las Cortes Constituyentes, ayudaron a conformar las líneas maestras de esa Constitución que ha venido guiando nuestra convivencia todos estos años.
Durante estas Jornadas se abordaran temas de especial interés para los abogados y para la Administración de Justicia como son el Reglamento General de Protección de Datos y el rechazo de la Abogacía a las sospechas generalizadas de la Agencia Tributaria sobre los abogados, la aplicación de las nuevas tecnologías de los Colegios de Abogados para comunicar reclamaciones a los órganos judiciales o el acceso a los expedientes electrónicos de la Administración de Justicia, ejemplos que confirman la apuesta de la Abogacía por la necesaria modernización de la Justicia. También el estado actual de las relaciones entre Abogacía y Administración de Justicia.
Tenemos, en general, buenas relaciones con los órganos de la Administración de Justicia en todos sus niveles. Pero pueden y deben ser mejores, valorando y prestigiando la importancia de la Abogacía y de todos los profesionales que la formamos. No pedimos privilegios, pero tampoco aceptamos ser actores de reparto. No lo somos y no estamos dispuestos a serlo.
Mi sincero agradecimiento a ponentes y participantes porque solo desde el diálogo y la interrelación es posible transmitir conocimientos, compartir inquietudes y proponer mejoras, además de profundizar en lo que pueden y deben ser las relaciones entre la Administración de Justicia y los Colegios de Abogados en beneficio de la ciudadanía.