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a su disposición tanto los instrumentos jurídicos como los medios materiales, están provocando directamente que la única salida de los refugiados sea lanzarse al mar o entregarse a las mafias para haberlo evitado. 4. Reclamamos a nuestro gobierno y al resto de gobiernos de la Unión una política de concesión urgente de visados humanitarios, conforme a nuestra legislación, para otorgar una protección plena tanto a quienes todavía no se hayan visto obligados a cruzar el Mediterráneo, como a los que arriesgando sus vidas lo han hecho. 5. Es la política de cierre radical de fronteras sostenida por todos los países de la Unión la generadora y cómplice de las mafias de tráfico de personas. Si se utilizaran los cauces existentes de visados humanitarios en los países de origen o tránsito, el asilo diplomático o ciertas medidas de protección temporal se evitaría el enriquecimiento de esas mafias y las trágicas consecuencias de su actuación. 6. Resulta intolerable que algunos países de la Unión estén vulnerando manifiestamente la legislación de derechos Humanos que constituye uno de los pilares esenciales de la construcción europea. Europa debe defenderse antes que nada de esas actitudes, y Hungría, como cualquier estado que incumpla el Sistema Común de Asilo Europeo, y los principios más elementales del derecho Internacional de los derechos Humanos debe ser sancionada por su trato a los refugiados y desplazados con la máxima severidad y rigor. 7. No cabe olvidar que existe un fondo europeo de 3,1 billones de euros destinado a “apoyar a los estados miembros que experimenten una presión especial sobre sus sistemas de asilo y contribuir al sistema común” y que nuestro país, teniendo muchas de esas necesidades evidentes, ha declinado reclamar las ayudas precisas de esos fondos. 8. En este contexto, nuestro gobierno mantiene sin aprobar un Reglamento de la Ley de Asilo absolutamente necesario para dotar de mecanismos de identificación de necesidades de quienes piden protección, y se permite cerrar ocasionalmente su frontera en Melilla para impedir solicitudes de protección internacional por parte de los procedentes de estos países, o denegar la libertad de tránsito a quienes ya tienen su estatuto en trámite. 9. Resulta improcedente que el proceso de concesión del estatuto de refugiado se mueva entre irresistibles trabas burocráticas y tardanzas que en ocasiones condenan a vivir en la calle a los solicitantes, pues se agotan las ayudas antes de la concesión del estatuto. Las Oficinas de Asilo y Refugio están colapsadas por la falta de medios,
