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FORMACIÓN La asistencia jurídica a las personas refugiadas debe ser especializada y de calidad. Por eso, el Consejo de la Abogacía y los Colegios de Abogados están potenciando e instensificando los cursos de formación en extranjería y asilo, en colaboración con instituciones especializadas. Carlos Carnicer y Oriol Rusca presidieron la inauguración del Curso del Consejo de Europa sobre Asilo y Convenio de derechos Humanos para Abogados y Jueces que tuvo lugar el 18 de septiembre en el Consejo General de la Abogacía Española. El Curso está organizado por el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo de Europa en colaboración con la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR y forma parte del Programa Europeo de Formación en derechos Humanos para los profesionales del derecho (Programa HELP). Este Curso es una de las iniciativas del Consejo General de la Abogacía en relación con la crisis de refugiados. durante la inauguración, Carnicer recordó que más de 60 millones de migrantes suponen un importante reto para el que nuestra sociedad no está preparada. Por ello, el presidente de la Abogacía pidió “la urgente revisión de los tratados internacionales y que se sancionen las graves conductas
contra los derechos humanos” de los refugiados que pretenden entrar en Europa. Más información SANCIONES A HUNGRÍA La actuación del gobierno de Hungría con las personas procedentes de Siria y otros países, principalmente en la frontera con Serbia, motivó una contundente queja del Consejo General de la Abogacía Española a las autoridades europeas y húngaras. Las autoridades de ese país, no solo han empleado gases lacrimógenos y otro material represivo contra los migrantes, sino que han impuesto sanciones penales a las personas refugiadas que han cruzado esa frontera. La Abogacía Española recordó en su nota que Hungría es un país integrado en la Unión Europea desde 2004 y “por tanto viene obligado a cumplir las normas comunes de asilo y refugio (…) No tiene justificación alguna que las autoridades húngaras consideren el mero cruce de la frontera un delito que puede ser penado con entre uno y tres años de cárcel, y hasta con cinco años en caso de que afecte a las vallas o concertinas instaladas para frenar a las personas refugiadas”, se decía en la nota de queja. La Abogacía pidió incluso sanciones para Hungría si continúa con este trato hacia las personas refugiadas. Más información
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© CHRISTOPHE STRAMbA / MSF
